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Una adolescente de 15 años fue asesinada a machetazos por su ex novio, otra fue estrangulada por su ex pareja para luego él envenenarse. Una sobreviviente perdió un ojo al ser atacada por su pareja, mientras una niña de 14 años fue violada por ocho de 15 hombres que hacían fila en la orgía, detenida por agentes policiales.

Éstos son algunos casos ocurridos no en el año, sino en el último mes. Según el informe del primer semestre de la Red de Mujeres contra la Violencia, RMCV, sobre violencia intrafamiliar y sexual, se reafirma que los agresores son personas conocidas, cercanas al entorno social o afectivo de la víctima.

El 78.79 por ciento de los delitos fueron cometidos por gente con parentesco o cercanía a la víctima.

“En el último semestre, el 31 por ciento de las mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, disparos en la cabeza y corazón, hechos con premeditación, alevosía y ventaja. Esta cifra está seguida de un 20 por ciento en los casos de abuso sexual contra niñas menores de diez años y violación a jóvenes, en que los abusadores después de someter a la víctima con su fuerza física, desmembraron sus cuerpos, los enterraron o los lanzaron a las letrinas. Un 13 por ciento de agresores asesinan a sus víctimas a puñaladas, a machetazos o con un hacha, entre otras armas blancas. Los otros tipos de muerte son a garrotazos, golpes y estrangulación”, señaló.

Feminicidios incrementaron

Según el seguimiento a través de los medios de comunicación que la Red de Mujeres realiza en los casos de feminicidio, durante 2009 la cifra de mujeres muertas en este año difiere a los datos oficiales de la Policía Nacional, llegando a 53. Esto significa un promedio de al menos seis mujeres muertas cada mes.

Sobre esto, la comisionada general Mercedes Ampié, jefa de las comisarías de la Mujer y Niñez a nivel nacional, dijo que oficialmente hay denuncias de 25 mujeres asesinadas en el primer semestre de 2009.

En comparación con las estadísticas de 2008, esa cifra refleja un incremento del 39 por ciento, lo que consideró alarmante y se están tomando medidas para mejorar la atención. La comisionada Ampié hizo este comentario durante su participación en el foro “Atención integral a víctimas de violencia de género”, auspiciado por la cooperación española como parte de un proyecto integral.

Datos de la Comisaría indican que la violencia intrafamiliar se ha incrementado en los últimos años, sobre todo a partir de 2007 y hasta el primer semestre de 2008. Así, una de cada tres mujeres de Nicaragua, casada o en unión de hecho, ha sufrido violencia física o sexual en su vida, y la mitad de las víctimas reporta que su primera experiencia de abuso ocurrió antes de los 15 años de edad. Las consecuencias de la violencia pueden ser mortales y puede haber secuelas para la salud de las mujeres.

Fátima Millón, miembro de la directiva de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaló que la violencia contra la mujer se está volviendo una pandemia. Los actos en su contra se realizan con más saña, contra mujeres cada vez más jóvenes y las acciones son principalmente motivadas por venganza.

“Un ejemplo es la muerte de una niña de tres meses en Managua, y el hombre campantemente declaró que la mató porque no había encontrado a la pareja en la casa y se desquitó con la niña. Es una especie de castigo, venganza y una forma de control extremo, cuando no saben cómo controlar a una mujer. Nada para justificar un acto como ése. Otro acto de venganza fue el del fin de semana pasado en Boaco, donde una mujer por levantar una demanda por pensión alimenticia, el hombre la mató de un tiro”.

Impunidad cabalga

Millón mencionó que otro problema es el alto nivel de impunidad, ya que actualmente la justicia es muy condescendiente con los agresores. Considera que se abusa del principio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, negociando delitos y penas, para favorecer al reo, situación que pone en alto nivel de riesgo a la mujer.

“En el caso de las penas, cuando un hombre mata a su esposa o a su pareja, ni siquiera es tipificado como asesinato. Por el parentesco se califica como parricidio, cuya pena máxima es de 15 a 20 años. Si un hombre mata a una mujer desconocida, la pena máxima es de 30 años”, apuntó.

Al preguntarle sobre cuál es la lógica para que estas penas tengan diferencias, su respuesta fue que es una buena pregunta para hacérsela a los legisladores que aprobaron de esa manera el Código Penal.

“Nuestra interpretación es que en cierta medida se está dando permiso al agresor para matar. Tenés permiso para golpearla y al final vas a tener una mediación, te mandan a terapia contra la ira y pronto se acaba el asunto. Creo que hay mucha insensibilidad por parte del sistema de justicia”, expresó Millón.

Mencionó que el sistema es magnánimo con los hombres que practican la violencia intrafamiliar, ya que las denuncias por agresiones no quedan como antecedentes delictivos en su historial, porque las denuncias en su contra son tipificadas como faltas. Entonces no hay un registro. Así, a la hora que el hombre es condenado, el no tener antecedentes le favorece para negociar y reducir su pena.

Muchos retos

La comisionada general Ampié consideró que cada día hay más violencia intrafamiliar y se requiere justicia en cada caso, por lo que están desarrollando acciones para crear todo un sistema especial para la atención a las víctimas, no sólo en la investigación, sino también en la atención a las mismas.

“Conocemos los casos de primera mano, con hombres con mínimo respeto por la vida, que mutilan o asesinan a sus parejas, lo que crea inseguridad ciudadana. Por eso tenemos comisarías en todos los departamentos del país y estamos ampliando la cobertura en los municipios, sin embargo, faltan policías y nos gustaría que hubiera más mujeres policías en las comisarías y en el plano investigativo”, expresó la comisionada general.

Agregó que “a veces los esfuerzos y peticiones los ven como si fueran personales. Por ejemplo, cuando solicité a la jefa de la Policía que se prohibiera la utilización de la camioneta de la Comisaría para realizar compras al mercado, cuando debe ser prioritaria nuestra labor. Lo que pasa es que aún falta mayor sensibilidad en las filas de la Policía, por lo que estamos replanteando los enfoques de atención a las víctimas, que si bien la investigación puede ser mecánica, se necesita una articulación positiva en la respuesta a la persona afectada”.

La jefa de las comisarías también consideró que hay muchos vacíos en el Código Penal con respeto a delitos en el tema de violencia intrafamiliar, lo que si bien no se puede cambiar de un día para otro, es necesario impulsar esa iniciativa

En busca de soluciones
A pesar de que han existido diferentes estrategias y esfuerzos desarrollados por el Estado y la sociedad civil para prevenir la violencia y atender a las víctimas de ésta, se señala que estos esfuerzos no han sido suficientes. Por ello se organizan diferentes acciones para prevenir la violencia en el país.

Una de estas acciones es el primer foro nacional “Abordaje de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia”, organizado por la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional y la Comisión Interagencial de Género (CIG) de la Cooperación Internacional en Nicaragua.

La CIG es una instancia interagencial de coordinación e intercambio, integrada por agencias de la cooperación bilateral y multilateral, ONG y organizaciones internacionales cooperantes en el país. Actualmente es coordinada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa.

Esta iniciativa se organizó con el fin de compartir los hallazgos y recomendaciones de investigaciones que abordan la violencia contra las mujeres y el acceso que ellas tienen a la justicia en Nicaragua.

A la par está la participación de la Policía Nacional en el proyecto “Atención integral a víctimas de violencia de género”, auspiciado por la cooperación española.

Elena Montobbio, Coordinadora General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua, indicó que España ha hecho una evolución en los últimos 20 años en su sistema de protección a las víctimas, como la adecuación y adaptación de la legislación que hace falta para esto.

“Una cosa es tener voluntad política, otra es tener presupuesto y otra es tener un sistema articulado de todas las instancias públicas con competencia en la ruta crítica de atención a la víctima de violencia, coordinada la acción en la atención a la víctima, de cuál es la mejor atención para que restaure sus derechos como ciudadana y vivir en libertad”, expresó.

Según Montobbio, la importancia del tema para la cooperación española es parte de su política y el apoyo se presta a quienes les pueda interesar.

“El problema es grave en España, en Nicaragua y en la mayoría de los países. Esto es una lacra impensable en el siglo, que estamos por una concepción de la mujer deformada cultural y socialmente, por lo que se da en todas las clases sociales”.

En este tema se impulsa el proyecto, realizado de manera compartida con la Organización de Estados Iberoamericanos, en el que participan todas las instituciones públicas que tienen intervención en la ruta de atención a la víctima, entre otras instituciones privadas. En esta primera fase a desarrollarse en tres años se invierte 1 millón 300 mil euros (aproximadamente 1 millón 800 mil dólares)”.

Señaló que con este apoyo, más el de las comunidades españolas catalana y andaluza, el objetivo es concretar que en Nicaragua las víctimas de violencia intrafamiliar tengan un lugar a donde acudir y puedan obtener respuesta a su problemática.

“Los componentes básicos constan del establecimiento de una ruta en la que se pueda crear un modelo de atención integral para la víctima. Ya Nicaragua ha hecho muchos esfuerzos en aspectos de atención a través de la Policía y la Corte Suprema de Justicia, pero se considera que se puede dar mejor atención si se pueden coordinar todos los servicios”, expresó.

Inmaculada Montalbán, Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en España, indicó que desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia y Género en su país, se pusieron en marcha juzgados especializados contra la violencia hacia la mujer.

“Con la experiencia desarrollada en las estaciones policiales, los juzgados conocen exclusivamente esta materia, por lo cual hay una respuesta judicial más rápida y los jueces, en plazos de 72 horas, están decidiendo sobre medidas relativas de quién se queda con la vivienda, pensión por alimentos y custodia de los hijos. Además, decide si el agresor debe salir de la vivienda, si tendrá orden de alejamiento u otras medidas que incluyen prisión”, indicó.

Comentó que antes existía un porcentaje de sentencias que arrojaban dictámenes que tenían consideraciones de “muy leves”, con penas ridículas, y el 70 por ciento resultaba con sentencia absolutoria.

Sin embargo, esto ha cambiado con los juzgados sobre la violencia hacia la mujer, y se arroja el 80 por ciento de condenas favoreciendo a la víctima. También la Policía está mejor formada y aporta más pruebas de cargo.

“Efectivamente es fundamental la formación especializada y la sensibilización en esta materia. Se necesita comprender que la violencia entre las familias no es un asunto privado, sino de derechos humanos y público. Sin embargo, cada país tiene que adoptar la solución que sea más adecuada para sus circunstancias en concreto y sus características”, dijo la especialista.