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El Ministerio de Salud dio una tregua a las salineras artesanales del municipio de El Tamarindo, en La Paz Centro, luego que levantara temporalmente el requerimiento de la Ley 638, la cual exige la aplicación de yodo y flúor en la sal. Así lo confirmó el presidente del Movimiento Comunal, Alejandro Martínez, quien también dijo que están negociando para que más de 400 productores no queden en el desempleo.

Lo que más sorprende a los salineros es que ellos tienen más de 30 años de producir la sal, y nunca ha matado a nadie. Sin embargo, desde que se conformó la empresa Nica Sal, de la cual el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, es accionista, ahora hablan de la baja calidad en su producto.

Juana Rivas Meléndez tiene 33 años de edad, y desde que tiene uso de razón sus padres han sido productores, procesadores y comerciantes de sal. “Esta pequeña empresa, ‘El tiburón II’, siempre ha cumplido con las normas de calidad, se le aplica el yodo y es inspeccionada rigurosamente por el Silais de León”, dijo.

Que el mercado decida

Los productores artesanales afirmaron que esto es un problema de precios, ya que la sal artesanal cuesta dos córdobas en el mercado, mientras que la industrializada vale tres córdobas.

“En este país nos movemos por la oferta y la demanda y nuestro producto es más barato. Queremos que sea la población la que decida si prefiere una sal más cara con flúor o la nuestra, que tiene menor costo y que tiene años comprando”, dijo Martínez.

Agregó que debido a la crisis económica se ha disminuido la compra de sal, lo que ha provocado que haya un excedente en el mercado y en las bodegas.

“Rincón de los bueyes, El Tamarindo, Salinas Grandes, Puerto Sandino y Miramar son el corazón de la producción salinera en el país. Producen entre un millón y medio y un millón 800 mil quintales, mientras que Nicaragua consume entre un millón y un millón 200 mil quintales. Al año queda un excedente de 200 mil a medio millón de quintales de sal”, precisó.

“Este año tenemos un excedente mayor que en años anteriores. La población está consumiendo menos sal y dentro de poco vamos a empalmar con el pico alto, que es en marzo y abril. Este grupo, Agricorp, quiere protegerse pidiendo que se aplique la Ley 638, y nos afectaría nuestra venta”, explicó Martínez.

Diez mil afectados

Afirmó que en Nagarote, La Paz Centro y León existen al menos 20 empresas productoras de sal, las que emplean directamente a más de 400 trabajadores, pero indirectamente se benefician 10 mil personas, las cuales serán afectadas si se aplica la normativa 638.

El productor explicó que las empresas artesanales no cuentan con el capital para montar un planta procesadora de sal para aplicar el flúor, pues es una maquinaria especializada. No obstante, recalcó que el yodo sí lo aplican en sus productos, a fin de obtener un registro sanitario del Ministerio de Salud.

“Ahora el Minsa dice estar preocupado porque la sal no contiene flúor. Si el gobierno está tan preocupado, pues que lo aplique al agua, pero que no recaiga en los pobres que tenemos años trabajando de esta forma”, dijo el dirigente de los salineros.

Martínez insistió que la exigencia de la Ley 638 es una artimaña para que la empresa Nica Sal obtenga el monopolio en el mercado salinero. “Todos sabemos que el 50 por ciento de la empresa corresponde a Agricorp y por eso nos quieren fuera”, dijo el productor.

“Que nos dejen trabajar”

Darling Sáenz, de la empresa de sal El Porvenir, aseveró que Agricorp no los quiere dejar trabajar y eso puede provocar que 26 trabajadores de esa salinera vayan al desempleo, siendo la mayoría mujeres jefas de hogar, con más de cuatro hijos por mantener.

“El Tamarindo siempre ha vivido de esto y nadie se ha muerto. Ahora dicen que con esta sal la gente se va a morir, que a los niños les provoca la caída de los dientes, que a las mujeres bocio, pero nada de esto es verdad, pues tenemos más de 30 años de producirla”, dijo Sáenz.

El gerente de Nica Sal, Oscar Vanegas, dijo que los productores artesanales pueden asociarse a la cooperativa de dicha empresa, la cual tiene el 50 por ciento de las acciones, con un aporte de 6 mil 500 dólares, sin embargo, los salineros afirmaron que no cuentan con esa cantidad de dinero y lo único que piden es que los dejen trabajar.

Los productores artesanales dijeron que Agricorp tiene derecho a vender su sal, pero ellos también tienen derecho de participar en el mercado nacional, en el cual tienen décadas de colocar sus productos y cuentan con registro sanitario.