Jorge Eduardo Arellano
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LEÓN

La anulación inmediata de las veinte concesiones de rutas otorgadas por el Concejo a la Cooperativa “León Santiago” R.L. fue suficiente para que ocho cooperativas de transporte urbano colectivo y siete cooperativas de taxis, reanudaran el servicio que estuvo interrumpido por más de cinco días en la cabecera departamental de León.

Después de varias horas de intensas negociaciones entre transportistas, concejales y la Comisión Municipal de Transporte, el 12 de enero en horas de la noche se estableció revertir la resolución a favor de la cooperativa León Santiago R.L. Asimismo, acordaron la no aprobación de concesiones de rutas hasta que se efectúe el procedimiento de licitación pública a través del Plan Nacional de Concesiones.

Según los transportistas leoneses, los concejales reconocieron que habían actuado de manera irresponsable al otorgar concesiones sin haber efectuado previamente licitaciones públicas como lo exige la ley.

A juicio de Ramón Koulzons, representante de la Unión de Cooperativas de Taxis en León, ambas parte en conflicto cedieron un poco. El gobierno local se comprometió a gestionar financiamiento para la adquisición de unidades de buses, los transportistas dejamos claro que no vamos a incrementar la tarifa del pasaje.

“Con los acuerdos suscritos entre las partes en conflicto no gana el gremio transportista, sino las leyes de la República. El gobierno local va a realizar una licitación pública para someter 12 ó 16 nuevas concesiones de rutas en los diez repartos del sureste de León que necesitan el servicio, nosotros no estamos en contra de que se otorguen rutas, lo que exigimos es que se siga el procedimiento debido”, dijo Koulzons.

Byron Miguel Fuentes, transportista de la cooperativa Alianza Laboral R.L. --Coala--, destacó que el problema del transporte se agudizó por la intransigencia del edil Tránsito Genaro Téllez, quien desconoció los acuerdos firmados con los transportistas, el Concejo aprobó arbitrariamente concesiones de rutas sin realizar estudios de factibilidad, pasado por encima de la moratoria de ocho años que aprobó la administración de Denis Pérez Ayerdis, y que fue ratificada por el actual gobierno local.