Martha Vásquez Larios
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Nuevamente el Poder Judicial decidió dividir el dinero incautado al crimen organizado entre la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, dejando a un lado al Ministerio Público.

La semana pasada, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua notificó una sentencia en la que resuelve la división de 790 mil 340 dólares, incautados a Ramón Antonio Acevedo Medina, condenado a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico; entre la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

“Debe ser entregado el 50 por ciento de ese dinero decomisado (395 mil 170 dólares) a la Policía Nacional por su función beligerante en la persecución y prevención del delito, y el otro 50 por ciento (395 mil 170 dólares) deberá ser entregado al Poder Judicial, por su función como administrador de justicia y protector de los derechos humanos, mediante la aplicación de la ley”, reza la sentencia del TAM.

En lo que respecta al cabezal Freightliner, blanco, placa M103744, y a un remolque, mientras no se demuestre que pertenece a un tercero, se quedará en depósito del Minsa para su utilización, cuido y mantenimiento.

Casará la sentencia

La Fiscalía, al no estar de acuerdo con la división del dinero y los bienes incautados en este caso, casará esta sentencia, ya que la misma llegó al TAM después de que el fiscal Rodrigo Zambrano apelara el fallo que dictó en febrero pasado la Juez Tercero Distrito Penal de Juicio, Rosario Peralta, en la que no deja claro el destino de los bienes incautados.

Julio Centeno expresó que en aras de la transparencia, todos los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado deben pasar al Ministerio de Hacienda, y éste deberá distribuirlos de conformidad con los procedimientos de la Ley de Presupuesto.

“¿Cómo se van a estar repartiendo de hecho, de facto, unos bienes fuera de la ley? ¿Quién controla eso, bajo qué soportes agarran 300 mil, 400 mil dólares? En cambio, si esto se distribuye como manda la Constitución Política de la República, en su artículo 112, referente a las finanzas públicas, sabríamos adónde va ese dinero, en qué se está invirtiendo ese dinero que chorrea sangre”, aseguró el fiscal Centeno.

En cadena

Los jueces y magistrados a nivel nacional alegan un vacío legal en el artículo 112 del Nuevo Código Penal de Nicaragua, que refiere que a los bienes decomisados “se les dará el destino que corresponda”, dejando abierta la posibilidad de que sean los órganos jurisdiccionales los que decidan sobre el destino final de los bienes o instrumentos sujetos a decomiso.

“Ante el vacío legal que puede interpretarse de la lectura del artículo 112 del nuevo Código Penal, este tribunal de alzada puede hacer una distribución del dinero…”, se lee en la sentencia del TAM.

Esta interpretación no tiene lugar de ser para el fiscal Centeno. “Sin el trabajo de la Fiscalía no se legitima el proceso penal. Quienes se quedan contando el dinero que se le incauta al narcotráfico, son las y los fiscales a nivel nacional, exponiendo también sus vidas”, refirió.