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Omar Cabezas criticó fuertemente a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, por dar lugar a un recurso de amparo a favor de la empresa Disnorte y en contra de unas recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, sabiendo que sus resoluciones no son vinculantes ni coercitivas.

El caso surgió con la denuncia del adolescente esteliano Alexis Uriel Caballero Gómez, quien a sus 16 años perdió ambas piernas luego de sufrir quemaduras de tercer grado, por una descarga eléctrica.

Según la denuncia realizada en marzo de este año, el percance ocurrió con un cable del tendido eléctrico que estaba en un predio donde se realizaba una obra de construcción, el cual no fue removido por Disnorte.

Dos resoluciones

Así, cumpliendo lo dispuesto en la Ley 212, la PDDH procedió a la investigación, y estableció que el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, determinó responsabilidad por parte de la empresa Disnorte, y se determinó la aplicación de una multa a la empresa por la cantidad de 300 mil kilovatios, equivalentes de 48 mil 900 dólares, con base al artículo 6.4.1 de la Normativa de Multas y Sanciones de la institución.

Sin embargo, en el estudio de las investigaciones se encontró que la alcaldía había incumplido con varias disposiciones, por lo que se le recomendó a la municipalidad de Estelí que “a través del área pertinente, y de acuerdo con las facultades que le otorga la Ley 40 (de Municipios y su Reglamento), realice supervisiones e inspecciones en los lugares que se soliciten permisos de construcción, y se aplique las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento a las consideraciones que se emitan, con el propósito de evitar que en casos sucesivos se vulneren o lesiones nuevamente los derechos de las y los ciudadanos”.

Además, las recomendaciones indican que “queda a salvo el derecho del joven Alexis Uriel Caballero Gómez, y/o de sus familiares, de ejercer las acciones legales correspondientes a fin de obtener una indemnización por las lesiones causadas, para lo que deberá hacerse asesorar por un abogado particular”.

Jenny Palacios, directora nacional de defensa de la PDDH, dijo que la interposición del recurso de amparo es una táctica legal que aplican estas empresas para evitar que posteriormente se les abran demandas y se les obligue a indemnizar a las personas afectadas.

A su vez, Jesenia Castillo, abogada del área de investigación de PDDH, que llevó el caso de Caballero, mencionó que en lo que va del año, conocen de al menos 5 denuncias de accidentes por negligencias de la empresa Disnorte-Dissur.