Martha Vásquez Larios
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El gobierno prepara un recorte de planilla del diez por ciento en lo que resta de 2009, lo que significaría unos 8 mil nicaragüenses más a la desocupación, si nos atenemos a los estimados hechos recientemente por el diputado y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, Gustavo Porras, cuando estimó que en el Estado laboran 80 mil personas, incluyendo a los sectores de Salud y Educación, los más numerosos.

Una fuente ligada al gobierno dio a conocer el fin de semana que culminó, que un equipo interinstitucional integrado por especialistas del más alto nivel y confianza del presidente Daniel Ortega, y de su esposa Rosario Murillo, hace los análisis y estimados del impacto que tendría para su gobierno la salida de ese número de empleados públicos.

La situación la califica la fuente como “difícil”, pues es el sector público el más potable para las aspiraciones reeleccionistas del mismo Ortega. Además, es ahí donde está la mayor afiliación política de nuevo tipo que ha emprendido el partido que él y su esposa dirigen.

Según las estimaciones del equipo, calculan separar de la planilla del Estado a aquellas personas que devengan al menos 120 mil córdobas al año, es decir 10 mil córdobas al mes, hasta quienes ganan 48 mil al año, 4 mil córdobas mensuales. La fuente no especifica la lógica de ese cálculo o por qué ese segmento sería el sacrificado.

Iliquidez en todas las carteras

En lo que va del gobierno de Daniel Ortega, dos años y medio, los sindicatos independientes hablan de unos 12 mil empleados despedidos del Estado, por razones de “represalias y discriminación”, o por negarse a firmar compromisos partidarios con el partido gobernante.

Hasta hoy, los empleados cesados han sido sustituidos por leales al FSLN, sin embargo, con la iliquidez en las arcas públicas, hasta los más incondicionales podrían irse. Otras críticas al actual gobierno son que se resiste a pagarle sus liquidaciones a los empleados despedidos, como ha ocurrido con 400 funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI). Eso último quedó en evidencia la semana pasada, cuando uno de los afectados increpó públicamente al director de esa entidad recaudadora, Walter Porras, durante una visita que hizo el diputado opositor Eduardo Montealegre.

Como parte de las medidas, el gobierno ha pensado las fusiones de entidades públicas afines, tal como han venido planteando con el llamado gabinete de la producción. Así, cinco entidades ligadas a la producción --entre ellas el Instituto de Desarrollo Rural, IDR, y el Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA-- serían reducidas en el Ministerio Agroforestal, Magfor.

Sigue desgrane en Magfor

En la última semana, la institución que más despidos ha tenido es el Magfor. Tras el despido de varios directores y personal de confianza del titular de su cartera, se ha conocido de otros movimientos.

El viernes, por ejemplo, dos directores territoriales fueron renunciados. Según los informantes de la institución, se trata de dos directores de semilla, dos de Managua y uno de León. Otro movimiento que confirmó la fuente es en la Dirección de Relaciones Públicas.

Del ministro Bucardo, de quien se dijo también estaría pasando sus últimos días en la cartera, el informante dijo que aparentemente en la Secretaría del Frente Sandinista esperan “que pase el escándalo en los medios de comunicación para retirarlo del puesto”.

“El ministro se está quedando solo, todo el personal de su confianza ha sido despedido u obligado a renunciar.

En la institución creemos que su remoción es asunto de tiempo”, dijo la fuente. Intentamos hablar con el ministro Bucardo, pero el buzón de su teléfono personal nos dijo que el móvil estaba fuera de cobertura.