Martha Vásquez Larios
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Una reunión discreta entre algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y jueces penales de juicio de Managua se efectuó la semana pasada, después de las publicaciones de EL NUEVO DIARIO acerca del destino de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado, que en su mayoría van a dar a cuentas de ese poder del Estado y de la Policía Nacional.

Extraoficialmente se conoció que en la reunión las orientaciones bajadas fueron: “Hay que seguir priorizando las cuentas de la CSJ, pero hay que tener más cuidado”, aseguró la fuente, que prefirió el anonimato.

Y es que la semana pasada, este rotativo publicó información basada en sentencias judiciales, de que casi un millón de dólares se han depositado en cuentas bancarias del Poder Judicial en lo que va de 2009. Además, se publicó que la mayoría de camionetonas incautadas al crimen organizado y a los narcos, van a parar a manos de jueces y magistrados, principalmente como depositarios.

Para lograr esta distribución de bienes, los jueces han alegado en sus sentencias un vacío legal en el artículo 112 del actual Código Penal, por lo tanto, interpretan que los bienes tienen que ir a la CSJ. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República reclaman que los bienes deben depositarse en el Ministerio de Hacienda, para que éste los distribuya vía presupuesto.

El presidente de la Sala Penal de la CSJ, magistrado Armengol Cuadra, dijo que ese reclamo deben hacerlo ante la comisión interinstitucional o el Consejo de Lucha contra las Drogas. “Que expongan el tema en las vías correspondientes no ante los medios de comunicación”, dijo en su momento el doctor Cuadra.

¿Y el inventario?

En lo que va del año, el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, que preside el Ministerio de Gobernación, se ha reunido varias veces, pero ha sido para tratar temas de carácter internacional o bien para inaugurar un centro de prevención de las drogas, dijo una fuente.

Durante 2008, las instituciones que componen al Consejo (Fiscalía, Policía, Corte Suprema y Ejército) acordaron entregar un inventario del dinero y bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado, para saber qué bienes se han subastado o abandonado (deteriorado), y cuáles están asignados y a quiénes.

Hasta ahora, la Secretaría del Consejo no ha rendido informe sobre ese rastreo y no se saben los resultados. En marzo de este año, el procurador Hernán Estrada dijo que esos bienes estaban fuera de control, y reclamó sobre este informe, ya que el Ejército, la Fiscalía y la PGR ya habían entregado el inventario, pero la CSJ no.

En ese momento Manuel Martínez, Presidente de la CSJ, aseguró que “Hablar de fuera de control no es muy propio. Los controles existen y estamos en capacidad de dar detalle de todo. La Ley 285 (Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas) es clara en su artículo 88 sobre la distribución de los decomisos, y se ha cumplido cabalmente”, expresó Martínez.

“Si es así que lo demuestren, lo ‘transparenticen’ y lo den a conocer al órgano competente que es el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas”, le respondió Estrada.

En su momento, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, aseguró que la institución que preside no tiene inconveniente en presentar lo que ellos tienen a bien informar sobre el tema.

Después de estas declaraciones en marzo de este año, fue hasta la semana pasada cuando de nuevo se tocó el asunto, después de que la Corte se dividiera casi 800 mil dólares entre ellos y la Policía Nacional.