Luis Galeano
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La Dirección General de Fortalecimiento y Control Interno de la Contraloría, dejó que en sus manos caducaran 294 informes de auditorías internas de diversas entidades públicas que datan desde 2000, lo cual se traduce en varios millones de córdobas perdidos en la práctica de los exámenes contables, otros varios millones en los actos irregulares, y, lo más grave, en la impunidad de quienes actuaron en contra de las arcas públicas.

Los contralores empezaron a declarar la caducidad de los casos conforme ley, desde el pasado jueves. Lo que no han hecho --hasta el momento-- es tomar ninguna medida en contra de los responsables del asunto, quienes justifican su inoperancia en el hecho de no contar con los suficientes recursos humanos y económicos para hacer su trabajo.

Entidad sumamente cuestionada

La CGR ha sido cuestionada por aprobar más de siete mil millones de córdobas en exclusiones de procedimientos al gobierno del presidente Daniel Ortega, así como por cerrar los ojos ante varios señalamientos de actos irregulares de los actuales funcionarios públicos.

A esto se suma su resistencia a auditar las cuentas de Albanisa, la sociedad vinculada a la familia presidencial, en la que el Estado tiene el 49 por ciento de las acciones a través de Petronic, cuyo presidente es el también tesorero del partido de gobierno, Francisco López. Sin embargo, se desconocía hasta ahora cómo morían casos de corrupción casi a diario por la ineficacia de varios funcionarios de la CGR, en este caso por caducidad.

De los 294 informes caducos, los colegiados sentenciaron a muerte 11 casos de diferentes entidades, entre ellas la Dirección General de Ingresos, DGI (3), la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, Ministerio de Educación, Mined (2), La Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabas (1), Asamblea Nacional (1), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Minrex (1), Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA (1) Asamblea Nacional (1), y la municipalidad de Juigalpa, departamento de Chontales (1).

De acuerdo con los colegiados, los informes de auditoría interna de cada una de esas entidades datan de hace más de cinco años “y son referentes a debilidades de Control Interno y al Sistema de Contabilidad aplicado en la referida Delegación, y al amparo de la anterior Ley No. 625, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es que existe mérito suficiente para proceder de conformidad con las disposiciones establecidas en el Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua vigente, y se declara de oficio la caducidad de esas operaciones”, dice en todos y cada uno de los 11 casos.

Para muestra un botón

La cantidad de dinero perdido en el tiempo y en el espacio es realmente incalculable, pero basta observar el informe de Auditoría Interna de la DGA (uno de los 11) correspondiente a 2000 y 2001, y que refiere el gasto no autorizado en el Presupuesto de 2000, hasta por un monto de 108 mil 250 dólares equivalentes en aquel momento a un millón 435 mil 520 córdobas, sin someterse a los procedimientos establecidos en la Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado.

¿Qué manejo se le dio a ese dinero? ¿Quién compró a quién y a qué precio? ¿Hubo o no alguna coima en el proceso? Son sólo tres de las varias preguntas que quedaron en el aire, luego que los colegiados declararon caduco el caso.

Lo mismo podría decirse del informe de Auditoría Interna al Contrato de Gerencia de Construcción, Reparación y Limpieza al Estadio Nacional “Denis Martínez”, para el traspaso de mando presidencial el 10 de enero de 2002 (de Arnoldo Alemán a Enrique Bolaños), suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que corresponden a 2003. La auditoría interna detectó diferencias de cifras en los gastos de la obra cobrados por el Contratista Consorcio Hogares Sovipe, S.A., pero si tenían razón o no, nunca lo podremos saber.

Argüello Poessy se molesta , pero admite
El rostro del presidente de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, se endurece cuando se le cuestiona sobre la situación. Está molesto ante las preguntas, y en medio de su malestar busca y rebusca argumentos para justificar la inoperancia, y al final, tal como lo hacen los sacerdotes con responsabilidad “voluntariamente aceptada” recobra la compostura y dice: “Hacemos lo que se puede”.

¿Por qué no hicieron nada con los informes en sus manos?
Esa pregunta en este momento no te la puedo responder, porque tendríamos que hacer un proceso de investigación, un trabajo a lo interno para establecer responsabilidades si las hubiese, porque las circunstancias de cada caso son particulares.

¿Son los únicos casos de caducidad que van a sacar?

No, hay más. No te podría decir cuántos, no tengo los números, pero son bastante más, porque todo lo que esté en casos como estos se deben declarar caducos.

¿Y qué pasa con la Dirección General de Fortalecimiento y Control Interno de la Contraloría que no hizo su trabajo?
Precisamente por eso, esa Dirección ha sido trasladada a la Dirección General de Auditorías, desde hace unos tres meses.

No me gustaría decir que en estos casos no hay nada más que hacer, porque tanto la Procuraduría como la Fiscalía tienen facultades para actuar si hubiese la comisión de algún hecho delictivo, aunque recordá que en ninguno de los casos más connotados del país se ha tomado en cuenta el trabajo de esta Contraloría.

¿Qué va a pasar con los que no cumplieron con su trabajo?

No hemos tomado ninguna decisión, porque el que era responsable del área, que es el doctor Humberto Avilés, nos dijo que los casos transcurrieron en manos del encargado, que no había gente y lo de siempre… aunque los primeros responsables seríamos nosotros mismos (los colegiados).

La nueva Ley Orgánica de la CGR dice en su artículo 91 sobre la responsabilidad por caducidad, prescripción o silencio administrativo que: “Los servidores públicos de la CGR, o de las entidades ejecutoras de obligaciones originadas en resoluciones de la Contraloría, por cuya acción u omisión se produjeren la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo, incurrirán en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar”.

Avilés: “No había cómo cumplir”

Sabido de que sus palabras no son satisfactorias, el contralor presidente llamó a al ex director General de Fortalecimiento y Control Interno de la Contraloría, Humberto Avilés, quien se declaró imposibilitado de hacer su trabajo debido al poco personal de la dependencia y a los centenares de casos que había que revisar para pasarlos al Consejo de Contralores.

“¿Cuántos casos son los que caducaron?”, le consultamos y dijo: “No sé cuántos se han evacuado, pero cuando llegué había más de 250 pendientes y que ya caducaron, creo que un poco más de eso, la verdad no lo sé”.

Para brindar un detalle exacto de los casos, el presidente de la Contraloría llamó a la Dirección General de Auditoría y de ahí salió el dato: 294.