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Desde que asumió el gobierno el presidente Daniel Ortega, en 33 meses sus instituciones han despedido a 11 mil 702 trabajadores, lo que representa el 12.06 por ciento de los empleados del sector público a nivel nacional, esto sin respetar fuero sindical ni la Ley del Servicio Civil y de Carrera Administrativa
Alvaro Leiva Sánchez, Secretario General de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliado a la Confederación de Unión Sindical, CUS, presentó un reporte que entregaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para que se realice la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Gobierno por más victorias

Según el “ranking” de las instituciones del gobierno de Paz y Reconciliación, que “va por más victorias”, se lucen con más despidos, en primer lugar, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, Enacal, con 1 mil 130 empleados lanzados a la calle, seguida de la Presidencia de la República con 776 despedidos, y atrás no se queda la Dirección General de Ingresos, con 960.

El cuarto lugar lo ostenta el Ministerio de Salud con 600 despidos, el Ministerio de Educación con 560, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente con 532, la Dirección General de Aduanas con 470, el Ministerio de la Familia con 465, y el Instituto Nacional Tecnológico que llega a los 450. Esto, de acuerdo con datos de enero de 2007 a la primera semana de septiembre del presente año, así que no se cuentan los movimientos que el Estado realiza actualmente con su personal.

Del resto de instituciones, 11 despidieron un promedio de 250 trabajadores, otras 11 promedian los 150, y las 18 restantes un aproximado de 65 trabajadores “cada una”. Algo que según los sindicalistas es un movimiento alarmante.

47 sindicatos desintegrados

En cuanto a la eliminación de sindicatos, las instituciones estatales desintegraron 47 de éstos, considerados de “oposición” al partido de gobierno en 17 de las 51 instituciones. De nuevo se lleva los laureles Enacal, con 13 sindicatos destruidos, seguida del Ministerio de Educación con seis y la dirección general de ingresos igualmente con seis sindicatos desintegrados.

“Este es un SOS de los trabajadores del Estado de la República de Nicaragua, ante los despidos, abusos, discriminación, represalias y violación a los derechos constitucionales que actualmente se están ejerciendo”, comentó Leiva.

Indicó que en la actualidad todas las organizaciones sindicales, sin excepción, al igual que todas las federaciones sindicales, están en sesión de emergencia, a fin de darle un mensaje al presidente Ortega de que no siga reprimiendo a nuestra clase trabajadora.

“Tampoco se está respetando el debido proceso de revisión, ni la Ley 476 o Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, ni la legislación laboral, y menos los derechos humanos, cuyo artículo fundamental es el derecho al trabajo. Se refleja un caos y esto hay que pararlo”, señaló el sindicalista, argumentando que los casi 12 mil despedidos representan 12 mil cabezas de familia.

A pesar que mandatario se autoproclama “defensor de los derechos laborales”, entre los elementos comunes que resaltan en los despidos está “la represalia por la afiliación política, por el simple hecho de no afiliarse a las organizaciones paralelas a las instituciones establecidas por el gobierno de Ortega, como los Consejos de Liderazgo Sandinista”, expresó Leiva, agregando que despiden sin importar que la persona afectada sea un dirigente sindical, cuando están protegidos por la Ley 476.

Por su parte, Marcos Carmona, Director de CPDH, indicó que están dando seguimiento a los despidos arbitrarios, que hasta el momento suman el 12 por ciento de la planilla estatal. Indicó que si bien despiden, también contratan, pero sólo a los fieles al partido de gobierno.

“Insistimos que los nicaragüenses estamos en total estado de indefensión. Ningún trabajador del Estado puede asociarse a una organización que no quiera, pero aquí vas despedido si no te plegás a las organizaciones creadas por el partido de gobierno. Son despidos arbitrarios, llenos de ilegalidades y que no respetan las disposiciones de las autoridades laborales”, dijo Carmona, mencionando que darán acompañamiento a los sindicalistas para presentar un informe a la OIT y la CIDH.

Alejandro Prado, Secretario General del Sindicato Independiente en Enacal, señaló que de manera inaudita la directora de su institución ha lanzado al desempleo a embarazadas, a sindicalistas y a empleados, simplemente porque no asumir los lineamientos, no de la institución, sino del partido de gobierno.

“Estamos hablando que cuando la actual administración asumió el mando, desintegró de inmediato a cuatro federaciones sindicales y descabezó a otros sindicatos. Prácticamente, en promedio, Enacal ha despedido a un trabajador por día”, dijo Prado.

Responsabilizan a Porras

Mientras tanto, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, llegó la doctora Ileana Ramírez Sarria, Secretaria General de la Federación de Médicos Otorrinolaringólos del departamento de Chinandega, quien desde su fundación laboraba en el Hospital España, ella interpuso denuncia, ya que a pesar de que la Inspectoría Laboral de Chinandega del Ministerio del Trabajo, Mitrab, en su resolución 12-09 negó a la dirección del hospital la solicitud de desaforación y cancelación de su contrato laboral, en la actualidad la administración no le permite la entrada a ese centro hospitalario.

“La causa en mi contra se desestimó, pero hasta este momento el Silais de Chinandega hizo caso omiso de lo estipulado por el Mitrab, y la administración mandó una circular en la que me prohibieron la entrada al hospital. Así que no estoy laborando, me tienen retenidos tres meses de salario y sin siquiera una carta de despido”, dijo la doctora.

Indicó que los alegatos en su contra fueron por supuesto maltrato a los pacientes, cuando asegura que su expediente está limpio de quejas, por haberse enfermado mucho en el último año, y que no atiende turnos, cuando ella tiene 10 años de no hacerlos porque está cubierta por el beneficio de la cláusula del convenio colectivo, al ser representante de la Federación de Médicos Otorrinolaringólogos.

Argumentó que el pecado principal es que Chinandega está a la vanguardia en lo que respecta a los reclamos de sus derechos laborales y sindicales, señalando cuándo se está trabajando mal, y, principalmente, porque no está cobijada por ninguna bandera política. “Mi única bandera es la gabacha blanca”.

Por su parte, la doctora Cecilia de Trinidad, representante de la Fundación Médica Nicaragüense “Doctora Concepción Palacios”, parte de la Organización Internacional de Mujeres Médicas, mencionó que el caso de la doctora Ramírez está ligado a la violación de sus derechos sindicales, a su derecho de organización y por acoso como profesional.

Ella responsabilizó directamente al doctor Gustavo Porras, diputado sandinista y dirigente del Frente Nacional de Trabajadores y de Fetsalud, ya que éste en una asamblea dijo que su organización sindical era la que dirigía el Ministerio de Salud, por asignación del señor presidente de la República.

“Al doctor Porras lo llamamos para reunirse con nosotras, para ver este caso y otros iguales en Estelí y Matagalpa, pero hasta el momento no hay respuesta. El problema es que este sindicalista está jugando con una serie de “sombreros”, pero principalmente con el de militante político”, comentó la representante de la Fundación Médica Nicaragüense.