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El Consejo de Ancianos de las comunidades miskitas de Bilwi demandó ayer al presidente Daniel Ortega y al titular del CSE, Roberto Rivas, entregar a las comunidades el patrimonio comunitario de esa etnia que en la actualidad está en manos de autoridades de gobierno constituido en partidos políticos.

En tanto, la decisión de la Intendencia de la Propiedad de desmembrar parte del territorio de la comunidad creole del municipio caribeño de Bluefields para repartirlo entre campesinos que migran del centro del país hacia la Región Autónoma Atlántico Sur, ha provocado fuerte reacción de dirigentes costeños que responsabilizan al presidente Daniel Ortega por esta medida arbitraria y discriminatoria y advierten que a los costeños no les quedará otro camino que enarbolar la bandera de la independencia de La Moskitia.

“Todas las promesas y los acuerdos suscritos por el presidente (Ortega) y algunos sectores sobre el respeto a la propiedad comunitaria de los territorios de los negros e indígenas costeños son papel mojado, porque en mis manos tengo un documento en donde la Intendencia de la Propiedad traspasa una de esas propiedades al Estado y éste a su vez la entrega a personas que no son de la región”, denunció Dolene Miller, dirigente de la comunidad creole y segunda secretaria de la Conadeti (Comisión Nacional de Demarcación y Titulación Territorial).

En Bilwi, a través de una carta firmada por el anciano mayor Otis Lam Hoppinton y el Consejero de gobierno, reverendo Jimmy Webster, respectivamente le hacen saber a los titulares del Ejecutivo y el CSE de que las autoridades miskitas aprobaron una declaración sobre “la restauración de nuestro gobierno”.

Los acuerdos de las etnias fueron aprobados en una convención que se desarrolló en Bilwi entre el 16 al 19 de abril pasado, donde participaron 380 comunidades indígenas y étnicas donde ejercieron sus derechos históricos de forma democrática, directa, transparente y sin muchos costos.

El decreto establece un período de transición de seis meses (que concluye este 19 de octubre) para que las actuales autoridades de gobierno constituido en partidos políticos entreguen los patrimonios comunitarios (instituciones de gobierno) a las nuevas autoridades encabezadas por el Wihta Tara.

Partidos políticos y patrimonio indígena

Literalmente, el decreto indígena estableció que “todas las elecciones donde participen partidos políticos quedan suspendidas por cuanto estas elecciones solamente han servido para engañar y saquear los patrimonios comunitarios, dividir nuestras familias y es la causa del empobrecimiento histórico de nuestros pueblos”.

Hoppinton y Webster le hacen ver a Ortega que “la conducción del Poder Electoral está cuestionado por el mundo entero, por la calidad, honestidad y honorabilidad de los magistrados. Por todos estos hechos y argumentos jurídicos e históricos demandamos a ustedes no intentar elecciones partidarias en la Moskitia, porque no somos conejillos de India”.

En Bluefields, Dolene Miller, dirigente de la comunidad creole, se refirió al “Certificado de Cumplimiento” emitido por la Intendente de la Propiedad, Yara Pérez Calero, el 4 de agosto de 2009, donde “considera” (determina) que atendiendo orientaciones expresas del Presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, certifica que la finca Suampo Lara en la comarca del mismo nombre, municipio de Bluefields, es trasladada legalmente a favor del Estado de la República de Nicaragua, para su posterior titulación.

Luego, se entregó certificación a Víctor Manuel Estrada, sobre terrenos en Suampo Lara.

Algo insólito

Dolene Miller calificó como confiscatorio el traspaso al Estado de una propiedad que según el mismo certificado de la Intendencia, está registrado con título real y por lo tanto tiene dueño. También se preguntó: ¿Cómo es posible que la Intendencia otorgue un lote de terreno a una persona sin definir su tamaño, lindero y ubicación exacta?

Populismo irresponsable
Miller no descartó que la entrega a granel de ese tipo de certificados de propiedad responda a una estrategia electorera porque en marzo de 2010 se estarán realizando las elecciones regionales en la RAAN y la RAAS y “naturalmente, el partido de gobierno (FSLN) quiere votos”.

Al ser consultado por END, Víctor Manuel Estrada Ruiz confirmó haber recibido un certificado de la Intendencia de la Propiedad sobre un terreno de un mil hectáreas para 40 familias de desmovilizados y lisiados de guerra de la Resistencia Nicaragüense originarios del municipio de El Rama.