•  |
  •  |
  • END

El laberinto para determinar qué institución estatal o empresa privada entregará los títulos de propiedad a los beneficiados con el proyecto Casas para el Pueblo, parece no terminar, debido que hasta la fecha nadie ha podido aclarar este punto que tiene en la incertidumbre a los habitantes de las viviendas.

La Intendente de la Propiedad, Yara Pérez, vía telefónica dijo que “no manejo eso” (la entrega de los títulos de propiedad), porque eso no le compete a la intendencia.

Pérez nos recomendó que consultáramos con funcionarios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) sobre el tema, lo que demuestra que hay falta de comunicación entre esas instituciones gubernamentales, porque en días anteriores la divulgadora de esta última institución, Gloria Martínez, señaló que por lógica quien les debe dar el título de propiedad a los pobladores de las casas es la Caja Rural Nacional (Alba-Caruna), debido que es la instancia que realiza los cobros.

La funcionaria mencionó que la información posiblemente la tenga la Procuraduría General de la República (PGR), la cual estaría a cargo del proyecto de las casas, pero eso no tiene congruencia institucional.

Caruna no dará títulos

En días anteriores, la divulgadora de Alba-Caruna, Martha Oporta, no pudo responder con seguridad qué institución entregará los títulos de propiedad o si los otorgará esa empresa, que actualmente está encargada de realizar los cobros de 80 dólares mensuales a los beneficiados.

Manuel Aburto, Gerente General de Alba-Caruna, explicó a un medio local que esa empresa (¿estatal? ¿paraestatal? ¿privada?) no otorga títulos de propiedad, sino créditos. Aseveró que la cooperativa únicamente es una entidad auxiliar que promueve proyectos habitacionales y brinda créditos a un plazo de 30 años, a tasas de interés del 8 por ciento.

Oporta explicó en su momento que Alba-Caruna está prestando el servicio de recuperación de cartera de las Casas para el Pueblo, mientras la divulgadora del Invur dijo que esa institución no lo hacía porque no contaba con un área de cobro.

Lo cierto es que aún la moneda está en el aire para los habitantes de las viviendas, debido a la confusión Estado-Partido-Familia gobernante, que ha quebrantado la institucionalidad en el país.

Los pobladores de las casas temen ser desalojados en un futuro por otro gobierno, al no contar con un soporte legal sobre la propiedad.