Martha Vásquez y Carlos Larios
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La Corte Suprema de Justicia, CSJ, admitió esta semana el recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República en el caso de los narcodólares repartidos entre el Poder Judicial y la Policía Nacional.

Ahora le toca a la Sala Penal de la CSJ resolver lo reclamado por la PGR y el Ministerio Público, sobre la repartición de bienes. A juicio de estas dos instituciones, ni la juez de primera instancia, Rosario Peralta, ni los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua lo hizo apegado a derecho.

Según ambas instituciones, la división debió hacerse de acuerdo con la Ley 285 (Ley de sicotrópicos y otras sustancias controladas) o bien mandarse al Ministerio de Hacienda, para que éste lo dividiera vía Presupuesto de la República.

El dinero repartido fue casi 800 mil dólares incautados al procesado Ramón Antonio Acevedo Medina, por el delito de lavado de dinero.

Intereses doblemente vulnerados

El recurso de la PGR expone que la falta de fundamento de la Juez Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, Rosario Peralta, vulneró el principio de legalidad y provocó inseguridad jurídica sobre la aplicación de la Ley Penal.

Además, la PGR, actuando como víctima y acusador adherido en el delito de lavado de dinero, por cuanto se vulnera el bien jurídico “Economía Nacional y Orden Socioeconómico”, apela y casa sentencias, porque las resoluciones vuelven a lesionar los intereses de su representado, el Estado de Nicaragua; alega la PGR en el escrito de casación. La PGR espera que la Sala Penal resuelva conforme a lo que establece la ley, en cuanto a los bienes incautados producto del narcotráfico y el crimen organizado.

Policía propone distribución justa de narcobienes
Los señalamientos que han realizado el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la parcializada distribución de los bienes que son ocupados al narcotráfico, han repercutido en la jefatura de la Policía. El jefe interino de esa institución, comisionado general Carlos Palacios, afirmó estar de acuerdo con que se reforme la Ley 285, Ley de Estupefacientes y otras Sustancias Controladas.

“Nosotros estamos apoyando, incluso, la redacción de la nueva Ley del Crimen Organizado, porque también nos interesa que se ordene de una sola vez esto para que este tipo de discusiones no se lleven a cabo”, aseguró Palacios.

El procurador penal nacional, César Guevara, y el Fiscal General de la República, Julio Centeno, en ocasiones anteriores han manifestado que los jueces han venido haciendo una interpretación contraria a lo que manda la Ley 285, irrespetando el procedimiento para la distribución de esos bienes, ya que quedan como favorecidos la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Policía.

Nada claro sobre uso de vehículos
El uso de vehículos ocupados a los narcotraficantes y a otros delincuentes también ha sido cuestionado.

El comisionado Palacios no pudo especificar qué cantidad de autos ha ocupado esa institución este año a la delincuencia, y aseguró que los policías no usan dichos bienes.

“Nosotros todo lo que tenemos en bienes han sido entregados en depósito judicial, todo mediante sentencias. Nosotros no tenemos absolutamente nada en uso y no hemos recibido nada que no sea mediante sentencia judicial”, aseveró el jefe policial.