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Haciendo una demostración de una conducta abiertamente totalitaria, la bancada oficialista del Concejo de Managua --en particular, el secretario Enrique Armas Rosales--, dio por cerrado el caso de La Chureca, por medio de una sesión donde se impuso la aplanadora de votos, sin dar oportunidad a ningún tipo de debate o réplica.

El oficialismo dictaminó la tarde de ayer --sin permitir ninguna discusión sobre el tema--, que la Alcaldía de Managua le comprará a la familia Martínez en 39 millones 548 mil 800 córdobas, los bonos de indemnización que inventó la Procuraduría General de la República.

La cantidad de dinero en efectivo que la Alcaldía estaría pagando es la misma cantidad que la Procuraduría había determinado cancelar con bonos de indemnización a los Martínez, cuando convirtió la declaratoria de utilidad pública que existía sobre la propiedad, en una afectación confiscatoria.

Pasan sobre decisión tomada por Concejo

Durante la administración anterior, la Alcaldía de Managua ya había determinado que a los Martínez se les debía de pagar en efectivo la cantidad de 128 millones de córdobas, monto que ya estaba presupuestado para la debida cancelación del terreno de 146.5 manzanas de extensión.

En dicho terreno se pretende ejecutar el Plan de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca “La Chureca”, donde se ejecutarán proyectos socioeconómicos en beneficio de los habitantes del barrio que viven extrema pobreza. El costo del proyecto es de 30 millones de euros y es financiado por la cooperación del Reino de España.

Fue al final de la tarde cuando el secretario del Concejo, Enrique Armas, dio lectura a una carta firmada por la alcaldesa Daysi Torres.

En dicha misiva, Torres solicitó autorización para efectuar la transacción de compra de los bonos por 39.5 millones de córdobas a los Martínez.

Una vez leída la carta, Armas, leyó un dictamen --donde se le daba el visto bueno a la solicitud de Torres--, con el fin de someterlo a votación. No hubo debate ni espacio para la discusión.

Imposición inaudita

Los concejales de oposición no pudieron evitar ni con gritos ni con reclamos ni con los calificativos de “dictador”, “sinvergüenza”, “autoritario” y “totalitario”, que el secretario del Concejo dispusiera el tema para el debate.

Armas, quien momentos antes había brindado más de 40 minutos para que se discutiera el cambio de nombre de un parque capitalino, no dio un solo segundo para escuchar la opinión de los concejales de oposición sobre el asunto de La Chureca. Daysi Torres no dijo una sola palabra.

Armas pasó el tema a votación, y con 11 votos aprobó la autorización para la compra de los bonos “originados en el pago que el Estado de la República de Nicaragua les hiciera en calidad de indemnización por la afectación de la finca Santa Isabel, adquirida por el Estado, y donada a la municipalidad de Managua para desarrollar el proyecto de desarrollo integral del Barrio Acahualinca”.

“La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicaciones en cualquier medio de comunicación nacional sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta”.

Martínez no firmaron escrituras

Gabriel Martínez Paez, miembro de la familia de los Martínez, aseveró tras la sesión: “Que compren los bonos que ellos quieran comprar. No les vamos a firmar esa escritura, y se van a ir los españoles”.

“No están haciendo el acuerdo que se había dejado con la municipalidad anterior, que era pagar los 128 millones de córdobas, no 39. Ahora, si la Procuraduría ya se las donó (la propiedad), ¿por qué ellos van a venir a comprar bonos y a pagarnos a nosotros? ¿Tiene lógica eso? Es ridículo”, dijo.

“Mientras no nos paguen lo que se nos había dicho, no vamos a firmar nada de escritura. Señores españoles, si ustedes se meten a esa propiedad, están haciendo un acto ilegal”, aseguró Martínez Paez, quien dijo que recurrirá a los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos.

“Si no hay una retractación de la Procuraduría de este tipo de confiscación, recurriríamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.

Los sandinistas aprobaron de esa misma forma, pagarle 100 mil dólares a Ernesto Martínez Castrillo, otro miembro de familia Martínez, en concepto de “mejoras” en la finca Santa Isabel, acuerdo que según Gabriel Martínez Paez se efectuó por “debajo de la mesa”.