El País
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“Volvieron a simular que me ejecutaban y protesté; les pregunté por qué lo hacían y entonces fue cuando… me violaron”, relata Ibrahim Sharifi, uno de los miles de detenidos en las protestas que siguieron a las últimas elecciones iraníes. Sus palabras respaldan la denuncia del dirigente opositor Mehdi Karrubí, a quien los ultraconservadores quieren juzgar por libelo.

“Cuando te pegan, te ofenden, simulan ejecutarte y tú resistes, utilizan ese método como último recurso para humillarte y destruirte”, explica Sharifi, la única víctima que ha aceptado hablar en público de su caso.

Como muchos otros jóvenes iraníes, este estudiante de informática, de 24 años, participó en las manifestaciones que se desataron tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del 12 de junio.

“También tenía mucha actividad como bloguero y trabajé en la sede electoral de Karrubí”, cuenta por teléfono desde Turquía, donde se exilió. Hasta el 23 de junio. Ese mismo día, 11 después de los comicios, le detuvieron cerca de su casa, en Shahrak Naft, una ciudad dormitorio del noroeste de Teherán.

“No me notificaron el motivo. Pero delante de los otros detenidos decían: ‘A éste lo vamos a ejecutar’. Creo que intentaban intimidarnos”, analiza ahora Sharifi al volver sobre lo sucedido. Ni siquiera sabe dónde estuvo encerrado.

“Me vendaron los ojos y no sé a dónde me llevaron, luego he sacado la conclusión de que fue a Kahrizak”, manifiesta, en referencia al centro secreto de detención que el líder supremo, Alí Jamenei, ordenó cerrar a finales de julio tras la muerte de tres presos.

“El trato era brutal para todos. Nos pegaban. Simulaban ejecuciones. Nos hacían pasar hambre”, recuerda antes de hacer un alto y tomar aire para poder relatar lo que en la conservadora sociedad iraní se considera innombrable, tabú.

Fue violado

Fue un castigo por rebelarse contra el enésimo simulacro de ejecución. “Empecé a protestar, les pregunté por qué lo estaban haciendo y fue a raíz de eso cuando… me llevaron a otra habitación y me violaron”. Varias veces durante la conversación Sharifi sustituye el verbo violar por “me hicieron eso, usted ya sabe”.

“Eso” fue atarle las manos y los pies a unos grilletes que había en la pared, bajarle la ropa interior y le sodomizaron. Para entonces, el joven ya estaba vomitando sangre como resultado de las patadas que le habían propinado en el vientre. Se desmayó. Llamaron a un médico, y cuando empezaba a recuperar el conocimiento pudo oír que sus torturadores se preguntaban: “¿Se muere o lo rematamos?”

“El médico les dijo que no lo hicieran porque eso les causaría un problema, como con los otros dos anteriores, y les propuso que me dejaran en la calle porque pensaba que no sobreviviría. Entonces me sacaron de la cárcel y me abandonaron en la cuneta de una autopista”, rememora.

En contra de lo previsto por el médico del penal, Sharifi no murió. Alguien lo encontró, lo llevo a un hospital, lo atendieron y volvió a casa. Incluso presentó una denuncia por insultos y agresiones ante un tribunal de Teherán. Pero no dijo nada de la violación. Ni siquiera a su familia, a la que describe como religiosa y partidaria del sistema (su padre es un general retirado de la Policía). Era demasiado doloroso. Trataba de borrarlo. “Incluso pensé en suicidarme”, admite.

Quien le ayudó a desechar esa idea fue Karrubí, en cuya oficina se formó un comité de apoyo a los detenidos y a sus familias. “Me explicó que soy una víctima, que no debo aislarme de la sociedad ni sentir vergüenza por lo que me ha sucedido”.

Sus palabras le ayudaron a sentirse mejor, pero aún así tampoco fue capaz de mencionar la violación hasta que el político notó algo. “Hizo salir a todos, y cuando nos quedamos a solas me dijo que había oído hablar de violaciones y me preguntó si a mí me había pasado”.

“Me resultó difícil contestar, pero al final empecé a llorar y le confesé lo ocurrido”, recuerda Sharifi como si aquello le hubiera quitado un peso de encima. Aceptó volver para que grabaran su declaración en vídeo, e incluso se reunió con un representante del fiscal general, Ghorban Alí Dorri-Nayafabadí, una de las primeras autoridades en reconocer que se habían producido torturas. Incluso el Parlamento formó una comisión investigadora. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a afrontar la realidad.

Amenazado y exiliado

“Un día, al salir de la oficina de Karrubí, se me acercó un tipo que se presentó como conocido de mi padre. Subí a su coche, y en cuanto estuvimos en una zona menos concurrida me advirtió: ‘Si hablas con cualquier miembro de la comisión parlamentaria, tu familia perderá la vida en un accidente de tráfico, y sabes que podemos hacerlo”.

Sharifi asegura que no temía por sí mismo, puesto que había acudido ante el juez dispuesto a todo, pero aquello era demasiado. Decidió poner tierra de por medio y buscó refugio en Turquía, como muchos otros iraníes.

“Entonces, asaltaron la oficina de Karrubí y se llevaron todos los datos, tuve miedo de que pudieran hacer algo a quienes habíamos acudido allí, tal vez matarnos. Por eso me decidí a hablar. Por eso, y para que no les suceda lo mismo que a mí a las chicas y chicos que aún están detenidos”, declara convencido de que el suyo no ha sido un caso aislado.

“Durante los últimos veinte años, el sistema ha logrado muy buenos resultados con las violaciones, porque así arruinaban moralmente a sus opositores, ya que sabían que no iban a denunciarlas”,
concluye.