Ernesto García
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La captura del cubano-estadounidense Roberto Monzón, de 48 años, y de dos mujeres --entre ellas una costarricense-- hace 11 días, permitió a las autoridades nicaragüenses desmantelar una red internacional de explotadores sexuales.

Por eso, la Fiscalía amplió la acusación contra Monzón, la costarricense Nuria Villapuerta Rodríguez, y la nicaragüense Adriana Flores Bermúdez, imputándoles la presunta comisión de los delitos de trata de personas y crimen organizado.

En la ampliación del escrito acusatorio, la Fiscalía también incluye a Carlos Martín Cervantes, quien permanece en prisión desde hace cinco meses, luego de que la Policía descubrió que él, en la casa de su padre --en el barrio El Rodeo--, filmaba a niñas desnudas.

En el nuevo escrito acusatorio, el Ministerio Público también incrimina a Monzón la presunta autoría del delito de violación agravada, en perjuicio de una niña de 12 años.

Las investigaciones hechas por la Fiscalía y la por Policía, revelan que Monzón, Cervantes y Villapuerta ingresaron a Nicaragua el pasado 5 de febrero, luego que casi son descubiertos por las autoridades de Costa Rica.

El Código Penal nicaragüense establece que si dos o más personas se asocian para realizar actividades ilícitas con el propósito de lucrarse, se considera crimen organizado.

Cinco delitos

A Roberto Monzón la Fiscalía también le incrimina la presunta autoría del delito de abuso sexual y violación agravada en perjuicio de una niña de 12 años.

Con la ampliación de la acusación, son cinco los cargos que enfrenta Monzón, porque inicialmente sólo era señalado como supuesto autor de los ilícitos de explotación sexual y abuso sexual en perjuicio de una joven de 17 años.

Para encubrir la actividad ilícita, Monzón constituyó con un supuesto ciudadano extranjero, una sociedad anónima denominada “Alta Publicidad”, teniendo como giro comercial el entretenimiento para adultos en internet.

500 videos

Las investigaciones que permitieron a la Fiscalía ampliar la acusación, llevó a los peritos al descubrimiento de 500 videos de niñas posando desnudas o en lencería, que el cubano tenía archivadas en su computadora.

A estos videos se suman los encontrados en centenares de casetes que la Policía encontró en la residencia que Monzón alquilaba en el Reparto Ticomo, en la periferia Sur, donde se filmaba a las menores que Villapuerta y Flores reclutaban.

Luego, estos videos eran subidos a páginas de acceso restringido en internet, y los clientes, para acceder a ellas, tenían que depositar determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria a nombre de Monzón.

En poder de las autoridades están los correos electrónicos de los clientes de Monzón, donde figuran personas de todas partes del mundo, pero principalmente de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

La jueza tercero Penal de Audiencia, Henrriette Casco Batres, programó para el lunes a las 8:30 de la mañana la audiencia, en la que determinará si acepta o rechaza la ampliación de acusación por parte del Ministerio Público.