Ernesto García
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El Estado de Nicaragua mal pagó 667 mil córdobas por fraude cometido aparentemente por funcionarios de la Oficina de Ordenamiento Territorial, OOT, quienes tramitaron el pago de la millonaria suma a favor de Miguel Ángel Rivera Pineda, cuando éste tenía 22 años de fallecido.

El escandaloso fraude en perjuicio del erario fue denunciado en la Procuraduría General de la República, PGR, por Amy Otilia y Miguel Ángel Rivera Corea, nietos y herederos universales de Miguel Ángel Rivera Pineda.

Según los denunciantes, el 29 de abril del corriente año ellos --Amy y Miguel Rivera Corea-- tramitaron el certificado catastral de la propiedad que su difunto abuelo les heredó en el barrio “Meneses”, en Managua.

Los herederos de Rivera Pineda se llevaron tamaña sorpresa cuando la registradora pública auxiliar, Maritza Halleslevens Centeno, les denegó el certificado catastral.

Además, la registradora pública les notificó que la referida propiedad fue traspasada de forma total a favor del Estado, mediante escritura número 159, de finiquito estatal por indemnización, según expediente número OCI- 9815 del 20 de junio de 2008.

De acuerdo al certificado de denegación del trámite catastral, Miguel Ángel Rivera Pineda recibió 333 mil 522 córdobas con 73 centavos el 28 de octubre del año 2005, según resolución 083-005-05, emitida en la fecha antes referida.

Atentos con el difunto

La segunda parte de la indemnización “pagada” al difunto se hizo el 23 de julio de 2007, por la cantidad de 333 mil 600 córdobas para totalizar 667 mil 122 córdobas con 73 centavos.

Sin embargo, para el 28 de octubre de 2005, cuando se produjo el primer desembolso a favor de Miguel Ángel Rivera Pineda, éste tenía 23 años de muerto, porque falleció el 9 de abril de 1983.

Así lo confirma el certificado de defunción número 66502, extendido por Rosa María Quintanilla, Registradora del Estado Civil de Managua, con fecha del 12 de mayo de 1999.

Los hermanos Rivera Corea, quienes mantienen la posesión sobre la propiedad, respaldan su condición de dueños del referido bien inmueble con la sentencia número 221 del 19 de mayo de 2004, donde la jueza Segundo Civil de Distrito de Managua, Patricia Brenes, los declara herederos universales.

El 6 de agosto del año en curso, Ericka Martínez García, Directora de Denuncias Ciudadana de la Contraloría General de la República, remitió una carta al abogado Errol Morales, representante legal de los hermanos Rivera Corea, donde le informa que los contralores desestimaron su denuncia.

Según la comunicación oficial el Consejo de Contralores, en su sesión 643 del 30 de julio del mismo año, tomaron la decisión por considerar que se trata de un litigio entre particulares, pese a que se asegura que la propiedad pasó a manos del Estado y que el dinero “pagado al difunto” salió del erario.