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El cuatro de julio de este año hubiese sido un día más en la faena del adolescente J.A.S.C., pero haber presenciado un crimen y convertirse en el testigo clave de la Fiscalía, lo tiene ahora en serio peligro. La familia se presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, solicitando protección para el menor, quien se encuentra retenido por la familia del occiso.

El delegado regional de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Concepción Andino, refirió que “el adolescente de 13 años ha externado preocupación por su vida, sin embargo, las instituciones del Estado se han boleado, y ninguna le ha brindado protección”.

“El día en cuestión, el menor andaba arriando un ganado en la finca donde trabaja, y al ver el asesinato del señor Julio César Amador Velásquez, los hermanos del occiso, Mario, Luis y Gustavo Amador Velásquez dispusieron que el adolescente no regresaría a su hogar, garantizando así su testimonio en el juicio”, relató Andino.

En tanto, la familia del menor teme por su vida, ya que fue sentenciado de muerte por Víctor Méndez, Heriberto Tercero Orozco y Carmelo Luque, quienes asesinaron al finquero Julio César Amador.

Del timbo al tambo

Andino comentó que los padres del menor interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional, pero esta institución remitió el caso ante el Ministerio de la Familia.

Las investigaciones realizadas por MiFamilia confirmaron que no hay delito de secuestro por parte de la familia Amador Velásquez en perjuicio del menor, pero se constató la presencia de éste en el domicilio, lo que lo pone en peligro inminente de ser asesinado.

“Ésta es una vendetta de familias, y el adolescente corre peligro, ya que los asesinos han jurado desaparecer a toda la familia Amador Velásquez, incluyendo al testigo clave del asesinato. Estos hombres están libres y han amenazado de muerte al menor”, recalcó el delegado regional de la PDDH.

Espectadores pasivos

El funcionario agregó que la Policía y el Ministerio de la Familia no han procedido con la debida diligencia para garantizar la seguridad del muchacho, pese a las múltiples gestiones realizadas por esa instancia estatal.

Andino demandó a la delegada de MiFamilia, Bertilda Ruiz Guillén, y al comisionado mayor, José Ramón Calderón Mena, que apliquen las medidas de protección especial, referidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y así evitar que ocurra una tragedia con el menor de iniciales J.A.S.C.

Además, calificó a estas instancias de gobierno como pasivas y espectadores en relación con el caso. Lo idóneo, expresó Andino, es que el menor sea enviado con un familiar fuera del municipio de Jumaiquí, en Matagalpa, para así garantizarle protección a su vida.

El procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, dijo que enviarán carta al Ministerio de la Familia y la Policía Nacional, para que revisen la actuación de sus funcionarios.