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La resolución sobre el Recurso de Amparo que emitió el lunes pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, firmada por seis magistrados orteguistas, que permite la reelección de Daniel Ortega, viola el Estado de Derecho, acuerdos internacionales, la misma Constitución Política de Nicaragua, y no es más que un abuso de poder de los magistrados firmantes, señalaron expertos constitucionalistas del país.

Según el doctor Gabriel Álvarez, existen vicios que eliminarían las consideraciones de esa sentencia, por ejemplo, que para recurrir de amparo es necesario que antes se haya violado alguno de los derechos fundamentales de una persona, y en esta ocasión se carece de esa condición.

“Lo que existió fue una simple solicitud del presidente Daniel Ortega y 109 alcaldes, y lo que se da es una resolución administrativa de parte del Consejo Supremo Electoral; eso no violó ningún derecho fundamental, por lo tanto, no hay ningún agravio a derechos constitucionales. Lo que hubo fueron actuaciones de oficio”, explicó Álvarez.

A esta posición se sumó la doctora María Asunción Moreno, asegurando que la CSJ se excedió en sus funciones al momento de resolver el recurso de amparo, ya que ningún Poder del Estado tiene más funciones que las que la Constitución y las leyes le señalan.

El art. 3 de la Ley de Amparo señala "que el recurso de Amparo procede en contra de todo acto o resolución, y, en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

”En el caso concreto, realmente no existe ninguna resolución administrativa violatoria de derecho y garantías constitucionales, y ello es así, porque según se expresa en la sentencia, el CSE en su resolución, lo que señala es que rechaza la solicitud presentada por los recurrentes, porque no le corresponde a este Consejo Supremo Electoral pronunciarse”, explicó Moreno.

“No hay contradicciones”

Sobre las supuestas contradicciones que presentaron los recurrentes sobre la aplicación del principio de igualdad incondicional de todo ciudadano ante la ley, y la inaplicación del artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección, para Moreno, no existen tales contradicciones, sino que se establecen límites al ejercicio del derecho a participar como candidato en una elección.

“Desde mi punto de vista, no existe contradicción en estas disposiciones, ya que estos artículos lo que establecen son límites al ejercicio de derecho de ser electos  más allá de lo establecido en la Constitución; hay que tener presente que en materia constitucional los derechos no son absolutos, y por ello, no existe ninguna antinomia en este caso”, recalcó la docente.

Invade funciones y legisla derogando

Otra anomalía o vicio que pueden evidenciar los constitucionalistas es sobre la potestad de reformar la Constitución, que no corresponde al Poder Judicial sino a la Asamblea Nacional.

“Lo cierto es que únicamente el Poder Legislativo está facultado para reformar la Constitución, y ahí está el exceso del Poder Judicial, al emitir su sentencia, ya que manda a dejar sin efecto los arts. 147 y 178, que establecen límites al derecho de ser electo más allá de lo que permite la Constitución. Creo que la resolución invade las funciones de otros poderes del Estado”, señaló Moreno.

El doctor Óscar Castillo se sumó a sus colegas, señalando que el art. 138, numeral 1 de la Constitución, establece que corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional: “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”, y con esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia actúa arrogándose competencias legislativas que la Constitución no le confiere.

“Esta sentencia pretende reformar una disposición constitucional que solamente le corresponde reformar a la Poder Legislativo, según lo dispone este art. 138.1 y el art. 191 Cn, violentando entonces el principio de independencia entre los poderes del Estado, el de legalidad en sus actuaciones”, dijo Castillo.

Al respecto, el doctor Álvarez aseguró que ésta puede ser una vía para que la Asamblea Nacional reclame un conflicto de competencia entre poderes.

Viola tratados internacionales

Según el doctor Castillo, esa sentencia firmada por magistrados orteguistas es violatoria de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, de la cual Nicaragua es suscriptora, pues el artículo 2 de dicha carta señala: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”.

“Se evidencia, entonces, que con dicha sentencia Nicaragua viola y rompe con el compromiso interamericano de que los procesos electorales deben producirse en el marco de la legalidad y del orden constitucional establecido, de que los Estados miembros deben fomentar, promover y dirigir dichos procesos electorales en condiciones que aseguren el respeto a la institucionalidad democrática y constitucional, los derechos humanos y la igualdad de todos”, aseguró Castillo.

Reformas 1995 cosa juzgada y Chicón implicado

Otro señalamiento de Álvarez es que el magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional, está implicado, ya que recurrió contra las reformas, las impugnó formalmente, por lo tanto no es idóneo para referirse a éstas. El doctor Álvarez también señala la integración anómala de la sala.

Otra observación es que las reformas de 1995 a la Constitución ya son cosa juzgada y no deben seguir refiriéndose a ellas, porque desde el momento que fueron impugnadas hubo sentencia de la CSJ, declarando sin lugar esos recursos por inconstitucionalidad.

“No vas a declarar inconstitucional algo que la misma Corte declaró constitucional”, dijo el jurista.

CSE está peor

Sobre la reacción del CSE, que declaró acatar la resolución judicial, el doctor Álvarez aseguró que no se puede acatar algo que no ha pasado, pues no se han dado elecciones donde no se haya dejado correr a Ortega.