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La reelección presidencial continua, que seis magistrados sandinistas pretenden autorizarle a Daniel Ortega Saavedra, por medio de una cuestionada resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generó alarma y preocupación en el sector empresarial, el que llamó la atención sobre el nacimiento de una nueva fase de inestabilidad política que pone en riesgo la inversión y el desarrollo económico del país.

“Espuria actuación”

En el caso de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), ésta emitió un contundente comunicado en el que expresa: “Denunciamos la espuria actuación de magistrados oficialistas de la Corte Suprema de Justicia, quienes violentando la forma y el fondo, han actuado contra toda lógica jurídica, promoviendo decisiones que no responden más que a ambiciosos intereses personalísimos, por todos conocidos”.

Amcham señala en su mensaje que se ve obligada a desconocer la decisión adoptada “de forma ilegal e ilegítima” por dichos magistrados, que “arrogándose facultades no conferidas, sobrepasaron la facultad exclusiva del constituyente al extralimitarse en sus funciones, violentando el orden constitucional y las normas que rigen la materia”.

Asimismo, Amcham pidió un “clima apropiado para la inversión nacional y extranjera, pues con actuaciones como las referidas, no se hace nada más que ahuyentar las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestro país, a la vez que se fomenta la violación al Estado de Derecho, se atenta contra la libertad y la democracia  y se pone en peligro la cada vez más frágil estabilidad política de la nación nicaragüense”.

Y en la parte final del comunicado, exhorta al resto del sector empresarial privado “a respaldar la institucionalidad y la defensa de la libertad que hoy más que nunca necesitamos en nuestra Nicaragua”.

Lo del Cosep

Horas después, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitió su propio pronunciamiento, en el que expresa: “Rechazamos que el Poder Judicial a través de una sentencia, reforme la Constitución Política, por ser ésta una facultad soberana de la Asamblea Nacional o de una Asamblea Constituyente, que no puede por ningún poder ni funcionario ser usurpada, convirtiéndose dicho actuar en un atropello a la propia Constitución y al Estado de Derecho, que involuciona nuestro proceso democrático”.

El Cosep plasmó en su escrito, que actualmente se atraviesa “un debilitamiento de la institucionalidad del país”, y puntualizó las razones por las cuales se ha llegado a esta situación.

En primer lugar, denunció “un control e instrumentalización  de los poderes del Estado”. “En segundo orden, al control de los “gobiernos locales”, alcanzado a través de procesos electorales que han sido cuestionados por su legitimidad”, se lee en el comunicado.

Y continúa: “En tercer orden, un manejo Estado-Partido que se pretende se arraigue en todas las estructuras políticas, económicas y sociales”. “Y, finalmente, una reforma a la Constitución Política que allana el camino para una continuidad en el poder del partido de gobierno”, concluye el comunicado, cuya elaboración empezó desde tempranas horas de la mañana de ayer.

El Cosep señala que todo lo anterior ocurre “en el momento en que todo nuestro vigor y energía frente a la actual crisis económica, debería estar concentrándose en buscar los consensos básicos para buscar la unidad, fortalecer el Estado de Derecho, promover la inversión y el empleo, y luchar contra la pobreza”.

José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, lamentó que además de la crisis que enfrenta el país por la recesión económica global, de la noche a la mañana se presente una “nueva situación de inestabilidad política”.

“Con esto que se ha dado el día lunes, se viene a poner en riesgo lo que significa traer inversión, las ventas de noviembre y diciembre que son fundamentales para el sector comercial, al tiempo que definitivamente se está corriendo riesgo de que se paralice la Asamblea Nacional”, afirmó.

Otras opiniones

Manuel Álvarez, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo que entre algunos de los representantes empresariales “hay un sentimiento totalmente pesimista”.

“Es una situación que ha generado mucha preocupación e incertidumbre, porque tenés un año de sequía salvaje con El Niño; tenés una concertación tributaria, que al final no es concertación tributaria y le agregás ahora incertidumbre política, pues el panorama no es nada halagador”, dijo Álvarez, quien comentó que “tenemos un pesimismo sobre el futuro, de cómo se va a venir esto”.

Esa impresión en el colectivo de empresarios la confirmó Eduardo Fonseca, directivo del Cosep y de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic).

“Esto crea inestabilidad y un mal clima de negocios, que se puede traducir en menor inversión y más desempleo”, añadió.

Donald Tuckler, otro directivo del Cosep, coincidió: “La preocupación gira alrededor de lo que eso implica para el clima de negocios, efectivamente. Y, particularmente, los antecedentes que tiene Nicaragua en su historia electoral, no sugieren que ese paso sea precisamente el más adecuado”.

Viviendo la misma trágica historia

Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, lamentó que el país cuente con instituciones “totalmente manipuladas, débiles y sujetas al vaivén de los intereses políticos locales”.

“Me siento preocupada por el país en el que están viviendo mis hijos y el de miles de mujeres de Nicaragua. Yo hubiera querido que los años de guerra, que en lo personal me tocó vivir en Nicaragua, y por los cuales murió tanta gente --precisamente para que se respetaran las leyes--, hubieran sido suficientes para que el día de hoy mis hijos pudieran vivir en un país con tranquilidad y con paz social”, expresó.

“Pero no es lo que estamos viviendo, y eso me da temor. Lamentablemente lo que se está viviendo es la historia de hace treinta y pico de años, y eso es frustrante como madre”, dijo la presidenta de Canatur.

(Con la colaboración de Amparo Aguilera)