Martha Vásquez Larios
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Para el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, a veces se tiene que poner en riesgo la percepción que tenga la ciudadanía del desempeño del Poder Judicial, cuando se trata de sentencias políticas, refiriéndose a la que permite la reelección de Daniel Ortega.

“Con esta sentencia, la población puede tener una percepción negativa de la Corte, y tendrá una visión polarizada siempre, pero es una sentencia en la que no podés quedar bien con todos y tenés que tomar partido. Es una sentencia política, pero con fundamentos jurídicos y se corre el riesgo”, expresó el magistrado.

Le basta y aún cree en 38%

También agregó que una parte de la población nicaragüense la verá como acción política de la Corte, pero unos la van a aplaudir y otros la criticarán a como lo están haciendo. “El 38 por ciento está feliz y la otra parte de gente está diciendo barbaridades de nosotros”, recalcó el magistrado.

Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Manuel Martínez, aseguró que esta sentencia desmejora la percepción que la población tiene de la Corte.

Martínez rechaza desde adentro

“Así como la ciudadanía tiene una percepción negativa de la CSJ desde afuera, yo la comparto desde adentro; por el grupo de magistrados que hacen sentencias que se salen de las reglas y alteran la credibilidad de la institución, y eso me preocupa sobremanera, porque soy el cuidador de la casa”, expresó el magistrado Martínez.

Vergüenza jurídica

Para el ex magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Alfonso Dávila Barbosa, esta sentencia es una “vergüenza jurídica”; empeora la imagen que se tiene de la CSJ, la cual viene deteriorándose desde hace 15 años.

“Nadie tiene seguridad jurídica. En los procesos legales prevalece el padrino político y se le rinde culto, deteriorando el nivel de justicia. La CSJ está politizada”, expresó Dávila Barbosa.

La jurisprudencia

Respecto a las reformas constitucionales de 1995, donde se prohíbe la reelección en el artículo 147, el magistrado Solís explicó que lo que haya decidido la Corte a través de sentencia en febrero de 1996, “no marca un precedente en materia política constitucional. Esa Corte dijo que todo estaba correcto, que se podía reformar la Constitución Política, y en esta sala decimos lo contrario”, dijo Solís.

Mientras tanto, para el magistrado Martínez es válida la resolución de 1996, referente a los recursos por inconstitucionalidad que presentaron varios ministros, incluyendo al magistrado Francisco Rosales, cuando era titular del Ministerio del Trabajo, porque es parte de la jurisprudencia que deja la CSJ.

“Eso es la semilla de la jurisprudencia, el artículo 147 de la Constitución no puede ser reformado por una sentencia de recurso de amparo”, expresó Martínez.