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La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público dio a conocer ayer que ha recibido denuncias de trabajadores del Estado que aseguran haber sido obligados --so pena de ser despedidos-- a asistir a las “marchas en defensa de la soberanía nacional” que organiza el partido de gobierno.

“Esto es un abuso laboral y una violación a los derechos humanos”, dijo el secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva, quien demandó una intervención de parte de las autoridades del Ministerio del Trabajo, Mitrab.

“Cuando hablamos de violación a derechos constitucionales, nos referimos específicamente a la violación del artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad individual, es decir, a la libertad de decidir, a la libertad de tomar una decisión”, argumentó Leiva.

Además, recordó que todos en Nicaragua “tenemos derecho a un trabajo y a que éste no sea condicionado”. “Aquí, contrario a ello, se está quebrantando el derecho establecido en el artículo 82, numeral 6, el cual dice que la estabilidad del trabajo no puede ser condicionada”, denunció.

Manipulación extrema
Leiva dijo que por ningún lado, ninguna ley establece que los trabajadores estatales pueden ser utilizados para que participen en actividades políticas propias del gobierno de turno.

Denunció el dirigente sindical que los trabajadores son manipulados por los Consejos de Liderazgo Sandinistas, CLS, que tienen estructura en todas las entidades gubernamentales, y fueron ellos los que protagonizaron actos de vandalismo perpetrados en contra de la embajada de Estados Unidos en Managua.

“Nosotros logramos comprobar la asistencia de trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de Gobernación, del FISE y otras entidades que fueron trasladados en contra de su voluntad hacia las instalaciones de la embajada”, denunció Leiva.

Mitrab: “No nos metemos en eso”

Por su lado, José León Argüello, Secretario General del Mitrab, se limitó a decir que ellos (en la institución) lo que hacen “es tutelar los derechos laborales y no vigilamos si participan o no (los servidores públicos) en actividades proselitistas”.

Agregó que “después del horario laboral (de medio tiempo), fijado a través de un decreto presidencial, las personas que trabajan para el Estado son libres de asistir a lo que ellos estimen conveniente”.