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Entre enero y septiembre de 2009 la Comisaría de la Mujer del departamento de Granada contabilizó 280 denuncias por violencia intrafamiliar, en las que sobresalen dos homicidios y un parricidio. De esa cantidad, 41 casos corresponden a violaciones, 16 a abusos sexuales y nueve a estupros. Aunque los Juzgados Locales Penales no divulgaron sus propias cifras, la jueza primero local, María Fabiola Betancourt, reveló que los datos no son uniformes.

El subregistro que padece el Complejo Judicial en los casos de violencia hacia las mujeres tiene preocupadas a las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional, Centro de Mujeres Ixchen, Movimiento “María Elena Cuadra” y jueces de este departamento. Esa situación motivó la realización del foro “Dentro de mí comienza el cambio”, donde se plantearon las debilidades y retos de las instituciones.

En el mismo período hubo 120 lesiones leves, graves y gravísimas, 94 amenazas y 19 violaciones de domicilios. La psicóloga de la Comisaría, Catalina Portocarrero, explicó que los barrios más afectados son San Ignacio de El Pantanal, La Sabaneta, Villa Solidaridad, Villa Sandino, El Domingazo, El Capulín, Caña de Castilla, Santa Elena y el área urbana de Nandaime. Eso dejó un saldo de 92 personas detenidas por delitos relevantes y 140 por faltas in fraganti.

Retos
Para tener una base de datos que facilite y fortalezca el trabajo interinstitucional, la doctora Betancourt manifestó que piensan aplicar una hoja de control única dentro de la ruta crítica. “Las estadísticas que se llevan en la Comisaría, en el Ministerio Público y en los Juzgados difieren muchísimo, porque los hechos empiezan calificados provisionalmente como violación, pero al final en el debate de pena el juez califica como abuso sexual. Entonces en la Comisaría, por ejemplo, cuentan 20 violaciones, pero en los juzgados cuentan 20 abusos sexuales”.

Aparte de unificar las estadísticas, las autoridades piensan recopilar información personal del agresor: por ejemplo, a qué se dedica, dónde vive y dónde ocurrió el delito, entre otras cosas. Quedaron planteados también otros retos. El Ministerio Público pretende instalar una oficina de atención a las víctimas e Ixchen garantizará la incorporación de la asistencia psicológica.

“Lo que sucede es que actualmente la justicia es solamente retributiva, es decir, busca una sanción penal para el victimario, pero qué pasa después con la víctima, no recibe ninguna atención. Nos hemos dado cuenta que durante el proceso del juicio las mujeres reciben acompañamiento, pero posterior ya no reciben asistencia para restaurar sus derechos. Ese es otro de los retos”, señaló la jueza.

Pese a la falta de un conteo paralelo, un documento del Ministerio Público refleja que en este 2009 se han vislumbrado unas 47 acusaciones en los Juzgados Locales Penales.