Rafael Lara
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Representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, denunciaron ayer en el 137 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con sede en Washington, una serie de arbitrariedades y de violaciones a las libertades públicas e individuales de los nicaragüenses.

La delegación en representación del gobierno de Nicaragua se limitó a decir que tales quejas no son más que un plan político para desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega, y que el gobierno no está en condiciones de atender la solicitud de visita de una comisión de la CIDH a nuestro país.

La sesión fue presidida por Patricia Mejía, Presidente de la CIDH; Felipe González, Comisionado de la CIDH para Nicaragua; así como Catalina Botero, relatora por la libertad de expresión, ante quienes se realizaron diversos señalamientos sobre la vulneración de las libertades públicas en el país.

Teleconferencia

La actividad fue transmitida para los medios de comunicación a través de una teleconferencia.

La doctora Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Cenidh, señaló que Nicaragua está viviendo un momento crítico en lo referente a la libertad de expresión y participación, por la serie de agresiones contra los medios de comunicación y las organizaciones civiles que, por intentar plantear su inconformidad con el gobierno, son reprimidos por miembros y simpatizantes del partido gubernamental.

Señaló que organizaciones paraestatales arengadas por miembros del partido orteguista, como el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, mandan a sus fuerzas de choque a reprimir a la ciudadanía, y se toman las rotondas para evitar las protestas.

Dijo que, además de eso, se obliga a los trabajadores del Estado a afiliarse al partido gubernamental, se ha minado la independencia de los poderes del Estado y se ha puesto en duda la imparcialidad de la Policía Nacional.

La resolución reeleccionista

Núñez añadió que las denuncias interpuestas ante las autoridades no tienen respuesta, además de que los recursos en las instancias judiciales quedan congelados, mientras en el Poder Judicial, en 24 horas, surgió una resolución que permite la reelección continua al actual presidente. El fallo se dictó después de una convocatoria irregular de magistrados, en que tanto propietarios como suplentes pertenecen al partido gubernamental.

Todo es politiquería, dice el gobierno

“Nuestro gobierno es soberano e independiente, donde irrestrictamente se respetan los derechos humanos, y entre éstos, la libertad de expresión”, dijo seriamente Denis Moncada, Embajador de la Misión Permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA.

El alegato de Moncada ante la serie de atropellos contra los derechos humanos denunciados, fue que todo era una orquestación montada por la oposición política, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, y la mayoría de los medios de comunicación, financiada con dinero de organizaciones transnacionales, con la intención detener el desarrollo nacional, para desestabilizar y derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

Déle con la “izquierda”

“En Nicaragua no hay monarquía ni dictadura como en Honduras; no hay exiliados ni presos políticos, ni Ejército ni Policía represores. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que prioriza los programas sociales, es un gobierno progresista, y ser de izquierda no es ningún delito”, dijo el diplomático nicaragüense, alegando que las denuncias de violaciones a los derechos humanos son sólo una apreciación subjetiva desacertada, mientras destacó que en el caso del fallo a favor de la reelección del mandatario nicaragüense, él no iba a analizar ni discutir el asunto.

Cuando Felipe González, Comisionado de la CIDH para Nicaragua, nuevamente pidió permiso para que una comisión visite nuestro país para estudiar la situación interna, Moncada, igual que la primera vez hace un año, dijo que interpondría la solicitud, y no podía dar fecha específica, porque no estaba en sus manos.

Hechos, no dimensiones políticas

Patricia Aguiluz, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, con estatus consultivo ante la OEA, indicó durante su intervención, que la denuncia interpuesta no se trataba de dimensiones políticas, sino de hechos.

Irvin Larios, representante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales, luego de ver la teleconferencia, declaró que la verdad es que existe el acoso y persecución a líderes sociales independientes.

“Ya no es que estas cosas ocurren una vez al mes, sino que cada semana y a diario se están comenzando a registrar estas situaciones, en que se manifiesta la represión a todo el que no se subordina”, expresó.

Larios agregó que si bien no hay presos políticos, en Nicaragua viven en constante amenaza quienes luchan por los derechos civiles y humanos. “Hay un acumulado suficiente para decir que se está trabajando la represión política en el país”.

Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, dijo que hay temor por parte del gobierno a permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales visiten Nicaragua, porque saben que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses.