José Adán Silva
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La denuncia de la Asociación de Scouts de Nicaragua por la invasión, deforestación y destrucción del cerro El Coyetepe, en la ciudad de Masaya, seguirá las vías legales para tratar de recuperar completamente la propiedad otorgada por el Estado de Nicaragua en 1967.

Jorge Brenes, consejero de la organización de scouts de Nicaragua, anunció a EL NUEVO DIARIO que se preparan con abogados y especialistas no sólo para recuperar totalmente la legalidad y dominio de la propiedad, sino para sancionar a quienes han promovido la deforestación y destrucción ambiental del lugar.

“Nosotros por estrategia no podemos decir exactamente las acciones a seguir, estamos analizando eso, pero es seguro de que vamos a impulsar esto. No hablamos de una propiedad de una organización privada, sino que hablamos de un recurso natural, de un patrimonio de la nación, de un monumento nacional y de una reserva natural del país”, dijo Brenes.

“Saldrán a luz”

De acuerdo con los argumentos de los scouts, en 1967 el Estado de Nicaragua otorgó a los scouts dos lotes que sumaban 67 manzanas, mediante un decreto ejecutivo que fue aprobado en el Congreso, el cual determinó conforme a ley que el bien no podía ser enajenado, vendido, cedido o donado a nadie.

Una remedición la semana pasada del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales determinó que más de 10 manzanas originalmente entregadas por el Estado a los scouts, estaban siendo ocupadas por varias personas que habían parcelado, cercado y deforestado el área que pertenece al campo-escuela de los exploradores.

Y dentro de la denuncia interpuesta ante varias organizaciones gubernamentales, incluyendo la Alcaldía de Masaya y la Procuraduría Ambiental, se señaló incluso a un diputado del partido de gobierno que negó las acciones.

“Ahí van a salir a luz los nombres de las personas que han dañado el cerro, eso no se va ocultar”, dijo Brenes.

40 dueños

Sin embargo, ayer una fuente gubernamental integrante de la comisión interinstitucional que realiza las investigaciones sobre violaciones a la Ley del Medio Ambiente en el cerro El Coyotepe, observó un problema más complejo a lo expuesto por los scouts, pues había hasta 40 “dueños” de la propiedad beneficiados en distintos momentos por el Estado mismo.

El funcionario estatal dijo a EL NUEVO DIARIO que al margen de los problemas ambientales que se pudieron ocasionar por la deforestación de las faldas del cerro, existe un grave problema de conflicto de propiedad que involucra incluso al Estado de Nicaragua y derechos de inversionistas.

“Ese cerro completo, entre 1978 y 1983, fue ocupado en dos momentos con fines militares. Primero por la Guardia Nacional y luego por el Ejército Popular Sandinista. Luego se pasó a una asociación infantil, y en 1987 se le otorgaron tierras a la cooperativa Agrícola Benjamín Zeledón”, dijo el funcionario que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizado a hablar oficialmente en nombre de la comisión.

Origen del caos fue la piñata

“Se encontró que antes del 25 de abril de 1990, a la cooperativa se le entregó el título de Reforma Agraria. Luego el gobierno de doña Violeta, en octubre de 1990, regresa formalmente la propiedad a los scouts, pero nunca anuló los títulos emitidos a la cooperativa”, relató.

“Luego la cooperativa se desintegró, sus socios se repartieron las tierras, y algunos las vendieron, otros las traspasaron y sacaron títulos supletorios para mientras sacaban sus títulos legales, algunos inscribieron en su momento los títulos, y luego eso se quedó firme, porque el mismo Estado entregó tres veces (1967, 1987 y 1990) una parte de la misma propiedad sin haber invalidado las acciones anteriores, entonces eso es una cosa compleja”, explicó.

Según el funcionario, inversionistas y personas naturales compraron lotes con títulos de reforma agraria inscritos originalmente, y hubo incluso terceros adquirientes de buena fe de la propiedad, que compraron desde 1995, es decir, 14 años antes de la denuncia de los scouts.

“Hay inversionistas que fueron avalados por la misma Procuraduría al reconocer la validez de los títulos, y se les prestaron todas las facilidades de inversión, los permisos ambientales y demás requisitos de instalación. Revertir eso va ser difícil”, dijeron.