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Organizaciones de derechos humanos nacionales señalaron que Denis Moncada, embajador de la Misión Permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, se presentó sin argumentos al 137 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde se abordaron las acusaciones de violaciones a la libertad de expresión, participación, reunión y manifestación en Nicaragua.

“Se concentró en las supuestas bondades del gobierno, y el resto fue un discurso político, donde no se negaron las violaciones a los derechos humanos, y admitieron sobre la forma en que el gobierno ha dividido a Nicaragua. Por un lado sus partidarios y por el otro la oposición, o sea, sus enemigos”, expresó Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización que junto al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, se presentaron el lunes como peticionarios en la CIDH.

Carrión le recordó a Moncada no sólo el caso de la agresión contra el Cenidh, frente al Ministerio Público, en que las imágenes muestran a los agresores que la Policía dejó actuar, se obtuvo la fotografía, el nombre, la dirección de su trabajo y de la casa de uno de ellos, pero hasta el momento siguen sin capturar a nadie, y más bien premiaron al oficial que estaba a cargo.

Acumula récord negativo

“Igual ocurrió con todos los hechos de agresión registrados. A pesar de las fotos y las imágenes de televisión, no hay un solo detenido ni investigado del año pasado ni de este año. Ninguno de los casos presentados fueron inventados; no hay una campaña contra el gobierno, los hechos son contundentes”, dijo Carrión, considerando que las implicaciones representan la acumulación de un récord de negatividad frente a la comunidad internacional, como país violador de derechos humanos, y los casos pueden terminar en la Corte Interamericana de Justicia.

Por su parte, Denis Darce, en representación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, criticó que el simple hecho de que Nicaragua no presenta una fecha para la visita de una comisión observadora, refleja el temor de que la comunidad internacional conozca de primera mano los atropellos gubernamentales contra la libertad de expresión y movilización.