Martha Vásquez Larios
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El Ministerio Público abrió ayer la investigación contra Roberto Rivas, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, referente a la última denuncia interpuesta por el jubilado Jorge Toledo Aguilar, por fraude contra el Seguro Social y delitos contra la Constitución.

Javier Morazán, Director de la Unidad Especializada Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, aseguró ayer que recibió el expediente de la denuncia interpuesta por Toledo, e inmediatamente giró oficio a la Policía Nacional, para notificarle la apertura de la investigación contra este ciudadano.

“Se ordena la investigación por los hechos denunciados y cualquier otro que resulte conexo”, aclaró el fiscal Morazán.

Además, se giró oficio al Consejo Superior de la Contraloría General de la República, para que proceda a realizar las auditorías correspondientes en el Consejo Supremo Electoral, CSE, con el fin de verificar dicha denuncia.

“Todas las diligencias se hicieron con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Procesal Penal. Mañana (hoy) serán notificadas estas diligencias a las instituciones pertinentes”, aseguró el fiscal Morazán.

La denuncia fue interpuesta por Toledo el 13 de octubre de 2009, y fue hasta la semana pasada que la hizo pública EL NUEVO DIARIO. Las autoridades de la Fiscalía decidieron asignar el expediente y empezar las diligencias.

Relación de hechos y violaciones

De acuerdo con la denuncia de Toledo, el 28 de marzo de 2007 se firmó escritura con valor de 26 millones 928 mil 023.87 córdobas, estableciendo convenio de pago entre Roberto José López Gómez, en representación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y Roberto Rivas Reyes, en su calidad de presidente del CSE.

Según el denunciante, ese acuerdo de pago evidencia la violación de la Ley 477, Ley General de Deuda Pública, artículo 4, inciso f, que establece: “Créditos Presupuestarios. Corresponde a aquellas partidas de gastos autorizadas en la Ley Anual de Presupuesto General de la República como límites máximos para la realización de un gasto específico dentro de un ejercicio presupuestario”.

Toledo explicó que el Presupuesto General de la República establece un crédito presupuestario para cubrir la cuota patronal de los empleados del Consejo Supremo Electoral y éste deduce en nómina la cuota del empleado, y en la administración de Rivas supuestamente se violaron reiteradamente las leyes referentes al Seguro Social y a la ejecución presupuestaria.

“El CSE por años dedujo las cotizaciones a sus empleados y no las reportaba al INSS, como establece la ley. ¿Cuál fue el destino de estos fondos y por qué no fueron enterados al INSS?”, preguntó Toledo en su denuncia.