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El mexicano Jorge Tirado, propietario de la empresa Marca Móvil, fue acusado ayer por Lavado de Dinero y Estafa Agravada en perjuicio de mil 800 personas que de buena fe adquirieron un automóvil o una moto de dicha empresa. El daño causado, según acusación del Ministerio público, fue de 28 millones de córdobas.

La Fiscalía también incluyó a la venezolana Karen Vanegas, pareja del mexicano, y a Irene Peralta, administradora de los salones de belleza de Vanegas, por colaboradoras necesarias, y están detenidas.

Según acusación del Ministerio Público, radicada en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencia, ambas imputadas ocultaban libros contables, acciones y contratos de marca Móvil, que fueron encontrados en allanamientos realizados por la Policía Nacional en casa de Peralta.

Esta información también es respaldada por el intercambio de correos electrónicos entre los acusados, refirió el fiscal Javier Morazán, director de la Unidad anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público.

Acusación abierta

La investigación sigue abierta refirió Morazán, por lo que no descartan agregar más víctimas y acusados. “Están pendientes actos de investigación, por tanto, se pueden agregar personas que resulten involucradas en los hechos”, expresó el fiscal Morazán.

Se espera que hoy el judicial Abelardo Alvir realice la audiencia preliminar donde la Fiscalía solicitará la prisión preventiva como medida cautelar para las dos imputadas, y solicitarán orden de captura para el mexicano Tirado, para que la Interpol le dé persecución.

Alegan detención ilegal

Roberto Mendieta, abogado defensor de Irene Peralta, informó que en horas del medio día de ayer, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, dio lugar al Recurso de exhibición personal (Habeas Corpus) de su cliente. Cuando el juez ejecutor fue a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, para ejecutar la sentencia, le dijeron que todo estaba legal.

Según Mendieta, su clienta fue detenida el sábado a las 3 de la tarde y traslada a la DAJ, y desde entonces no ha salido de ese lugar, por lo que ya sobrecumplió las 48 horas que manda ley para estar detenidos y ser llevado ante un juez.

Agregó que la prisionera había realizado transacciones bancarias de una cuenta a otra, mandada por la venezolana, “pero eso no es delito”.