Luis Galeano
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Los contralores Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq y Guillermo Argüello Poessy, decidieron ayer por mayoría emitir una orden a los verificadores de declaraciones de probidad de funcionarios públicos, para que revisen con detenimiento las sociedades anónimas en la que participa en Costa Rica, el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.

Argüello Poessy, titular de la Contraloría, indicó que en la decisión no participaron sus colegas liberales Lino Hernández y Fulvio Palma, porque se retiraron antes que finalizara la reunión del Consejo de ayer.

Explicó que la disposición la provocaron las publicaciones del diario La Nación, de Costa Rica, que demostró en una investigación periodística que Rivas, a través de la sociedad Chilibú del Oeste S.A., es dueño de cuatro casas en el exclusivo reparto de Villa Real en San José.

Ordenan revisar con detenimiento

“La revisión de la declaración de probidad del magistrado Rivas está en proceso, pero al ver lo que apareció publicado en el diario de Costa Rica, decidimos indicarles a los verificadores que vean con detenimiento ese punto, el de las sociedades”, dijo Argüello Poessy.

“Según declaró el magistrado Rivas, en mayo cuando vino a dejar una copia de la declaración de probidad, que supuestamente se había extraviado, ahí están todas las sociedades anónimas en las que tiene participación, así que ahí debe estar esa que, según el periódico, es dueña de esas cuatro casas”, indicó el colegiado.

Cada una de las cuatro casas tiene un valor que oscila entre 950 mil y tres millones de dólares, y en una de ellas, Rivas hospeda a Laureano y a Maurice Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial, según reportó La Nación.

El titular del CSE también es investigado por el Ministerio Público, luego que el jubilado Jorge Toledo Aguilar lo denunciara por fraude contra el Seguro Social y delitos contra la Constitución.

La de Rivas va avanzada

Argüello Poessy recordó que la Contraloría se encuentra revisando la verificación de la declaración de probidad de varios funcionarios de alto rango, entre ellos la de los magistrados de todos los poderes del Estado, y que avanzan a buen paso.

“En el caso del magistrado Rivas, ya se está en el proceso de revisión de los bienes que declaró en Nicaragua, pero no puedo hablar de lo que se ha visto hasta el momento ni nada de ello, porque la ley me lo prohíbe, y hasta habla de penas si así lo hago, que puede ser de uno a tres años de prisión y no quiero ir a la cárcel, aun cuando tengo suficientes enfermedades para exonerarme de eso”, dijo Argüello Poessy.