Luis Galeano
  •  |
  •  |
  • END

El Ministerio Público solicitó a la Contraloría General de la República, CGR, que le informe sobre las gestiones que ha hecho relacionadas con la denuncia de fraude contra el Seguro Social y contra la Constitución, que interpuso el jubilado Jorge Toledo Aguilar, en contra del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes.

El fiscal director de la Unidad Especializada Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado, Javier Morazán, envió una carta el 4 de noviembre al presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, en la cual le pidió un informe sobre la situación de la denuncia.

Le indica que Toledo denunció a Rivas, al titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, Roberto López, y demás miembros del Consejo Directivo de ese ente, por la supuesta comisión de delitos contra la Constitución y contra la Administración Pública, y por abuso de autoridad, que atentan contra los bienes de los asegurados, en particular, y contra los nicaragüenses en general.

De acuerdo con la denuncia de Toledo, el 28 de marzo de 2007 se firmó escritura con valor de 26 millones 928 mil 023.87 córdobas, estableciendo convenio de pago entre Roberto José López Gómez, en representación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y Roberto Rivas Reyes, en su calidad de presidente del CSE.

“Como la institución que usted dignamente preside, constitucionalmente es el órgano rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 13, 64 y 138, del Decreto 625, y el artículo 10 numeral 1 de la Ley 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, insto a ustedes miembros del Consejo Superior, que en los términos que dicha ley establece se pronuncien sobre la denuncia o nos haga conocer sus resultados, si los hubiere”.

La otra investigación

La Contraloría paralelamente analiza la declaración de probidad del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, y los colegiados ordenaron poner atención especial en las sociedades que el funcionario tiene fuera del país, específicamente en Costa Rica.

El contralor Argüello Poessy indicó que la carta de Morazán será analizada por él y por sus colegas en la próxima reunión del Consejo, pero adelantó que personalmente considera importante responder sobre las facultades del ente fiscalizador y de lo que ha hecho alrededor del asunto.

“Nosotros pedimos información tanto al magistrado Rivas como al señor Roberto López, sobre esa denuncia del señor Jorge Toledo, y está en el término de tiempo para contestarnos, eso es lo que le podemos contestar por el momento”, dijo Argüello Poessy.