José Adán Silva
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Las denuncias ciudadanas de actos de corrupción en Nicaragua han disminuido desde 2006 a la fecha, y los funcionarios públicos no quieren hablar del tema públicamente, pero las percepciones de corrupción siguen siendo las más altas de la región, reveló el estudio Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, que realizó el Programa Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, encabezada por la Embajada de Noruega.

El estudio, presentado ayer por sus autores ante estudiantes universitarios y periodistas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, reiteró que antiguas estructuras de malas prácticas en la administración pública están vigentes a 2009, pese a que el gobierno sostiene una campaña de “cero tolerancia a la corrupción”.

“Conforme a los últimos datos de la encuesta CIET (presentada esta semana por el mismo Fondo de Donantes), se comprueba que existen niveles altos de percepción de la corrupción en algunas entidades del nivel local, que existen prácticas de sobornos o pagos irregulares en los juzgados, escuelas y Policía, y que el nivel de la denuncia ha descendido en los últimos años, mientras que el nivel de desconfianza, miedo y sensación de indefensión en las instituciones públicas ha aumentado”, leyó el autor del estudio, el chileno Miguel Peñailillo.

Policía mal parada

En el informe, el Poder Judicial y la Policía Nacional aparecen como dos de las instancias locales cuya credibilidad frente a la ciudadanía está más deteriorada.

Según los estudios, uno de cada tres nicaragüenses afirma haber efectuado pagos irregulares en los juzgados, y uno de cada cuatro personas detenidas por la Policía de Tránsito asegura haber pagado un soborno para evitar una multa.

Los estudios se basaron en encuestas a más de 6,000 núcleos familiares y entrevistas dirigidas a más de 60 personalidades de medios, empresas privadas, ONG, instituciones públicas, autoridades policiales y académicos.

Según el diagnóstico, han bajado los niveles de denuncia de los actos de corrupción desde 2006, cuando un 7 por ciento aseguraba denunciar la corrupción, mientras que en 2009 apenas un 5 por ciento lo hace.

“Esto puede parecer una buena noticia si se piensa que una menor denuncia es una señal de menor corrupción. Otra interpretación llevaría a pensar que bajan los niveles de denuncia porque no existen condiciones objetivas o materiales para hacerlo, o porque el entorno no es favorable a ella”, dijo el estudio.

Miedo a represalias

“Las principales razones de no denuncia de la corrupción no han variado desde 2006: por indiferencia, por un lado, y miedo o indefensión por el otro”, sostienen los investigadores.

“Estas categorías relevantes reflejan la baja credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial y el temor a represalias”, sostuvo el documento que fue entregado al Procurador General de la República, Hernán Estrada.

Los indicadores internacionales muestran a Nicaragua con un alto nivel de corrupción en Centroamérica y Latinoamérica.

Oficialismo calla

El último Índice de Percepción de Corrupción de la Corrupción 2008 de Transparencia Internacional I, le asignó al país una calificación de 2.5 (de una escala de 0 a 10, donde 0 equivale a total corrupción y 10 a inexistencia de corrupción). Y el Governance & Anti-Corruption Index del Banco Mundial, otorgó al país el año pasado el segundo nivel más bajo de control del fenómeno, apenas levemente superior al de Honduras.

No obstante, la percepción mayoritaria de sectores importantes de la sociedad nicaragüense, los funcionarios de gobierno evitan hablar del tema.

La lectura de los hallazgos provocó reacciones encontradas entre los participantes. Sorayda García, identificada como funcionaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, acusó a los donantes de “incidir” a crear esa percepción de corrupción, al “crear estado” con el término.

Discurso oficial contra donantes

Además, acusó a los cooperantes internacionales de no tomar en cuenta la corrupción de las potencias “y criminalizar a los países pobres”, al tiempo que los acusó directamente de “promover prácticas corruptas en las agencias de cooperación en Nicaragua”.

Su superior, Adolfo Jarquín Ortel, tuvo que pedir la palabra para, oficialmente, reconocer que el estudio era una valiosa herramienta para realizar un plan estratégico de lucha contra el fenómeno.