Luis Galeano
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Ni el presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, ni el presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, Roberto López, han enviado a la Contraloría información sobre el convenio de pago de más de 27 millones de córdobas de las cuotas obrero-patronales, que el primero dedujo a los trabajadores, pero que no enteró al Seguro, según denuncia del jubilado Jorge Toledo Aguilar.

El presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, informó que ambos funcionarios tenían hasta el pasado 9 de noviembre para enviar la documentación, pero que ninguno lo ha hecho.

“El término que se les dio para que rindieran informe sobre una denuncia interpuesta en la Contraloría, que eran 15 días, expiró sin que a esta entidad se enviara nada”, dijo el colegiado.

El presidente de la Contraloría indicó que el jueves la Dirección General Jurídica de esa institución envió cartas a los dos funcionarios, pidiéndoles de nuevo la información, para lo cual les dieron como plazo hasta el 22 de noviembre próximo.

El plazo fatal

“De acuerdo con el procedimiento establecido, el doctor Rivas y el doctor López tienen ocho días más desde que se les notificó de la petición para enviar la información, de lo contrario el Consejo Superior tendría que tomar una decisión”, dijo el contralor.

A pesar de que Rivas y López han hablado con algunos medios en la última semana, nunca se han referido a estos temas.

Argüello Poessy explicó que el Consejo Superior tiene la potestad de sancionar de manera administrativa a los funcionarios que se nieguen a brindar información requerida por el ente fiscalizador.

“La verdad es que no hay nada extraordinario en la información que se les está pidiendo, es el convenio que firmaron, la legalidad de lo que firmaron, y ver si hay algo irregular o no, es todo”, señaló el colegiado.

¿Hará pública su declaración de probidad?

Por otro lado, Argüello Poessy informó que los contralores Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq, Lino Hernández y Fulvio Palma, decidieron notificar al presidente del CSE, sobre la solicitud que hizo este medio el pasado 6 de noviembre, para conocer en detalle su declaración de probidad.

“Mis colegas de manera unánime decidieron informarle al señor Rivas de la solicitud, para que él, en un término de tres días hábiles a partir de su notificación, decida contestar si la hace pública o no, y después, mis colegas decidan qué responden a la petición de EL NUEVO DIARIO, que puede ser sí o no, independientemente de lo que diga el magistrado”, dijo Argüello Poessy.

Indicó que él se excusó de participar de la decisión, por las opiniones que ha emitido sobre el caso de Rivas y por la posición que tiene alrededor del secretismo o privacidad de las declaraciones de probidad de los servidores públicos, “porque si es limpia como el agua, no hay nada qué esconder”.

“En lo personal, creo que sería conveniente para él, para el CSE y para la Contraloría, que el doctor Rivas, haga pública su declaración para que demuestre que es ‘clara como el agua’ y la conozcan todos los nicaragüenses”, dijo.

“Así, se despejarían dudas, porque no hay que perder de vista que en medio hay señalamientos de enriquecimiento ilícito, que antes no era delito, pero ahora sí, de modo que la carga de la prueba es para el servidor público, que si se enriquece, debe demostrar que fue porque se casó con una señora adinerada, se sacó la lotería o heredó de una tía una fortuna”.