José Leonel Mendoza
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Grupos ambientalistas, biólogos y defensores de la ecología se vieron frente a frente, por dos días, con representes del gobierno y la empresa Industrias Infinito, en un intento para que los magistrados de la Sala Constitucional definan de una vez el futuro de la explotación a cielo abierto de la mina Crucitas, en Cutris, San Carlos.

La organización ambientalista Preserve Planet valora que cada día están más cerca de sepultar para siempre el destructivo proyecto de minería de oro a cielo abierto de Crucitas, ya que al igual que otras organizaciones, confían en la sensatez de los magistrados de la Sala IV.

Lo anterior porque el jueves comenzó la vista oral y pública para que las partes a favor y en contra del proyecto minero, defiendan sus posiciones; un proyecto que hasta podría tener implicancias internacionales, porque según los ambientalistas, podría causar contaminación al nicaragüense río San Juan.

Ayer finalizó la audiencia ante los magistrados de la Sala Constitucional y de antemano, Luis Diego Marín, de Preserve Planet, dijo que ha sido “todo un éxito”.

Ministro del Ambiente como empleado de minera

Esta organización, que se opone rotundamente por el daño que causa este tipo de minería y por las consecuencias futuras en el San Juan y el bosque, comentó que la actuación por parte del ministro del Ambiente, Jorge Rodríguez, “fue una burla”, al considerar que se comportó como un empleado fiel de la empresa Infinito Gold Inc.

“Una muestra más de los papelones del gobierno de Óscar Arias, que sin ninguna contemplación, declara la guerra a la naturaleza”, expresó Marín.

Lo anterior fue respaldado por cientos de manifestantes que se han hecho presentes en las afueras de los tribunales.

Éstos, con sus abucheos y reclamos al ministro del Ambiente, manifestaron su rechazo a la minería a cielo abierto. Las amenazas al ambiente y a la salud humana en Costa Rica y Nicaragua, las violaciones a la legislación ambiental y a resoluciones de la misma Sala Constitucional, han sido expuestas por los opositores al paralizado proyecto minero Crucitas.

La compañía canadiense Infinito Gold Inc., pretende excavar la mina de oro a cielo abierto más grande jamás construida en todo el territorio centroamericano, a menos de diez kilómetros del río San Juan y de la frontera con Nicaragua, para extraer 650 mil onzas de oro por 12 años.

“Los representantes de la compañía minera quedaron completamente neutralizados, al escuchar las exposiciones de muy alto nivel durante la audiencia”, sostuvo José María Villalta, uno de los participantes de la audiencia.

En tanto, Alberto Cortés, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, solicitó al gobierno una reevaluación de impacto ambiental del Proyecto, revisar la Ley Minera, para que se reflejen mejor los principios de desarrollo sostenible y establecer una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto, ya que amenaza la biodiversidad del país y su compromiso con el desarrollo sostenible.

El académico opinó que Crucitas podría ser “una crónica de muerte anunciada” a la naturaleza y comunidades asentadas en su cercanía, porque en el país ya existen experiencias negativas de destrucción, pobreza y desempleo, cuando se han establecido este tipo de inversiones.

En los mismos términos se expresó Gabriel Rivas, de Coeco-Amigos de La Tierra, quien agregó que el gobierno, al decretar que ese proyecto de minería a cielo abierto es de “interés público y conveniencia nacional”, cometió una arbitrariedad que roza el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En su defensa, el gerente corporativo de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, declaró que entre los beneficios del proyecto está la reforestación de 380 hectáreas, los empleos que se generarán y el desarrollo de proyectos sociales en beneficio de las comunidades cercanas.

Adicionalmente, justificó que no existe riesgo de contaminación con cianuro, porque según él, los sitios donde estará el metal líquido, son estructuras seguras que cumplen con todas las normas internacionales para evitar cualquier filtración del tóxico.

Se espera que un término de 30 días, la Sala IV, emita sentencia.