José Adán Silva
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El Poder Judicial de Nicaragua, en sus diversos niveles de jerarquía, es visto, a nivel de los juzgados, como uno de los servicios públicos donde más se denuncia el pago de coimas, y a nivel de institución, como una de las menos creíbles en la aplicación de leyes a los corruptos, de acuerdo con dos estudios sobre corrupción en Nicaragua.

Esta semana se presentaron dos estudios financiados por el del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción (que integran la Cooperación Suiza en América Central, PNUD, Real Embajada de Noruega y Reino de los Países Bajos).

El primero era una auditoría social que se denominó Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales Nicaragua 2009. En esta investigación se midieron distintas variables de investigación aplicadas por el Fondo desde 1998 en Nicaragua y se compararon la percepción de 2009 con las cifras de 2006

Más pagan “coimas”
Éste es el cuatro ciclo de medición de este tipo y para ello se consultaron a 6,050 hogares de todo el país para evaluar percepciones de corrupción en salud, educación, juzgados, alcaldías y seguridad policial.

El estudio lo realizaron consultores de CIET Internacional y para el caso de auditar los juzgados se consultaron a 263 hogares.

El estudio señala que se bajó la percepción general de corrupción en los juzgados, ya que en 2006 el 44 por ciento percibía malas prácticas, mientras que en 2009 ese porcentaje bajó a 40 por ciento.

Sin embargo la cantidad de personas que dicen haber pagado coimas por agilización de servicios ha aumentado, de acuerdo al estudio.

Crean impunidad

En los tribunales en 1998 un total de 22 hogares de cada 100 consultados dijeron que pagaban para agilizar trámites, pero la cifra en 2009 se elevó a 32 hogares por cada centenar consultado.

“Uno de cada tres hogares que habían hecho algún trámite en los juzgados en los últimos dos años antes de la encuesta, dijeron que habían pagado coimas para agilizar casos; 74 por ciento a través de abogados que sirvieron de enlace con el sistema judicial, 20 por ciento directamente a los trabajadores del Poder Judicial y el resto no opinó o no detalló”, dice parte del estudio.

Esa cantidad de personas que dicen haber pagado coima varió en referencia al estudio anterior de 2006, cuando 21 por ciento dijeron haber pagado para agilizar sus casos.

La corrupción a ese nivel, afecta a las familias más pobres, dice el estudio citado, expuesto esta semana ante el procurador general Hernán Estrada.

“Los ciudadanos sienten que deben pagar en su mayoría entre 100 y 500 córdobas (24 por ciento), mientras el 17 por ciento asegura que paga entre 1,000 y 3,000 córdobas y otro 17 por ciento dice que paga más de 3,000 córdobas.

Justicia crea impunidad

De los 263 hogares que aseguraron haber pagado coima, 90 pagaron más de tres mil córdobas; el 22 por ciento correspondía a hogares de mayor pobreza y 14 por ciento a hogares de menos pobreza.

Además, el 40 por ciento de la población en general respondió positivo a la pregunta “¿Considera que hay corrupción en los juzgados?”. La cifra donde mayor percepción se tiene es en Managua, donde el 63 por ciento así lo considera. 25 por ciento de los hogares respondió que no percibían corrupción, y 35 por ciento no respondió.

Otro estudio vincula al poder judicial como agente creador de impunidad para los acusados por corrupción, dentro de una compleja situación de la explicación del fenómeno que hoy por hoy, sigue vigente en las estructuras públicas del país, de acuerdo al Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua 2009, elaborado por varios consultores contratados por el Programa del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción.

Corruptos impunes

Según Miguel Peñailillo López, jefe del equipo de consultores, hay percepción de corrupción administrativa, no solo a nivel más alto del engranaje del poder judicial, sino en los niveles medios y bajos del sistema.

“En cuanto a los costos de la corrupción existen señales claras que el costo mayor de la pequeña corrupción se da en la población más pobre, y que entre los servicios públicos que se dan a nivel local, los más costosos son la justicia (acceso a los juzgados) y seguridad (Policía)”, precisó.

El estudio precisó que como institución, el Poder Judicial se enmarca dentro de la red de instituciones que promueven, de manera directa e indirecta, la impunidad para los personajes acusados de gran corrupción.

“Ni los casos de pequeña ni gran corrupción se judicializan ni llegan a los juzgados, por la politización de los casos y muchas veces hasta por ineficiencia institucional de las autoridades aplicadoras de las leyes”, dijo el experto internacional.

Bajísimo imperio de ley

“La impunidad y los obstáculos a la aplicación de la ley, se dan principalmente, por la politización de la justicia en las instituciones”, expresó.

“La politización de los casos contamina la justicia en casos de corrupción, y la percepción es que no se castiga a los autores de la gran corrupción en la medida que sean miembros de partidos políticos, de familias influyentes o ligados al gran capital”, observó el autor del informe.

“Se percibe una alta sensación de muy bajo imperio de la ley, hay buenas leyes, pero no se aplican desde la institución, en este caso el sistema judicial, que es el agente que debería procesar los actos de corrupción”, dijo el autor del estudio.