•  |
  •  |
  • END

Ana María Solórzano, una de las víctimas de la estafa realizada por la empresa Marca Móvil, cuyo propietario era el mexicano Jorge Tirado, quien anda huyendo de la justicia, aseguró que en realidad son mil 800 familias víctimas de la estafa, porque para poder dar esos dos mil dólares para un carro, la familia colaboró de cien en cien.

“¿Quién en estos tiempos tiene a mano 2 mil dólares para entregarlos por un carro? ¡Nadie! Entonces lo que muchas víctimas hicimos fue recoger el dinero entre toda la familia. Así que fue a toda la familia que robaron”, expresó dolida Solórzano, después de la Audiencia Inicial realizada ayer en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencia.

Elí Ayala, otro joven víctima de la estafa piramidal, aseguró que sus padres tuvieron que vender una propiedad, para poder dar los 2 mil dólares del carro, y al final se quedaron sin nada. Otras víctimas contaron que nunca les habían autorizado préstamos en un banco, y el día que lo hicieron fue para que les robaran en Marca Móvil.

¿Y las otras personas?

Los perjudicados expusieron sus molestias ante el juez Abelardo Alvir, quien conoce la causa. Además, solicitaron que en el banquillo de los acusados también estén sentadas otras personas como Fausto Carcabelo, asesor del mexicano; Aura Iveth Montalván, gerente general de la empresa y quien también fungía como cajera, pues recibía el dinero; Federico Bárcenas y otros asesores jurídicos de la empresa.

“¿Cómo van a ser asesores y no saber nada de lo que hace la empresa? La misma Aura Montalván entregaba el dinero al mexicano y no le hacían arqueos ni depósitos en bancos. Aquí sólo tienen a ellas dos (Karen Vanegas e Irene Peralta), pero falta el resto, quienes nos recibieron el dinero y firmaron contratos”, argumentó Solórzano ante el juez.

El Ministerio Público presentó el escrito de intercambio y prueba en el que aportó como elementos probatorios recibos, de pago, contratos de Marca Móvil, actas de inspección, escrituras de conformación de la empresa, intercambio de correos entre las supuestas encubridoras (Vanegas y Peralta) con el mexicano, entre otras cosas.

La defensa de las mujeres procesadas nuevamente promovió un incidente de nulidad por falta de competencia y por ser el encubrimiento un delito autónomo, pero el judicial de nuevo lo desechó, alegando que ya se ha pronunciado dos veces por ese mismo incidente, y elevó la causa a juicio oral y público.

Critica a Fiscalía

El juez también señaló que el Ministerio Público se había precipitado al hacer la acusación, y que luego es al juez que se le tilda con diferentes epítetos, y que la Fiscalía se limita a decir que ellos presentaron acusación.

Ante este señalamiento, el representante del Ministerio Público dijo: “La acusación ya fue aceptada, admitida, para eso hay diferentes momentos procesales”, expresó el fiscal auxiliar, Alejandro López.

Sobre las medidas cautelares, la defensa de Irene solicitó medidas más suaves, ya que la presentación diario a los Juzgados ocasionaba dificultades a la procesada Peralta, que viaja desde San Rafael del Sur, por lo que pedían una presentación cada 15 días, pero el juez aseguró que no puede ser más benevolente en el caso y que mantenía las medidas cautelares.

El juez también dio lugar a la tramitación compleja del caso para dar tiempo a las investigaciones que supuestamente hacen falta. La fecha para realizar el juicio la dejó a opción del juez de juicio.