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Dos estudios internos y uno internacional ratifican la noticia: los niveles de corrupción siguen imperando en el sistema público del Estado. Lo dijo la semana pasada el Fondo Conjunto Donantes para la Anticorrupción, y lo repitió ayer el Índice de Percepción de Corrupción 2009, de Transparencia Internacional, que volvió a colocar a Nicaragua entre los peores corruptos de América Latina. Y lo dicen, además, muchos actos cotidianos de pequeñas acciones corruptas y otros no tan evidentes, pero que son tan dañinos como los evidentes: la omisión y la inoperancia de las autoridades.

Según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, Manuel Aráuz, consultor nacional del Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua que presentó la Embajada de Noruega la semana pasada, el país necesita con urgencia un plan de acciones conjuntas para frenar el fenómeno.

Cóctel nocivo

“El tema del diagnóstico pretendía la realización de un estudio para ubicar las causas de la corrupción, las manifestaciones de la corrupción, de cara a que el Estado de Nicaragua pueda desarrollar un tipo de política pública tendiente a combatirla y a reducirla”, dijo el jurista. El catedrático dijo que la intervención de grupos políticos y empresariales en la ejecución de las leyes para sancionar la corrupción, es la principal causa de la impunidad y el desarrollo de la corrupción, ligada a los bajos valores morales de los funcionarios.

Para reducir esa situación, a criterio del experto, se necesitan acciones inmediatas y a largo plazo para detener esa práctica de ver los recursos del Estado como un botín.

Más democracia

“Una recomendación es que el Estado nicaragüense debe fortalecer su sistema democrático, existe una vinculación importante entre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción”, ejemplificó Aráuz. “La relación es inversamente proporcional, pues mientras más débiles son las instituciones, más fuertes son las expresiones de la corrupción. Si el fortalecimiento democrático se incrementa, se reduce la corrupción”, observó.

El jurista señaló que la filiación política permite que en los tribunales, dominados por funcionarios afines a partidos de poder, permiten amparar a los investigados por actos de corrupción apenas se anuncian las investigaciones.

“Cuello de botella judicial”

En ese sentido, dijo que hay una especie de “cuello de botella” en el Poder Judicial, donde se detienen los procesos de aplicación de justicia a los sospechosos de actos de corrupción.

“El tema es que el Poder Judicial es la única institución encargada de sancionar penalmente los delitos que se ponen en Nicaragua, por tanto, el reclamo que le hace la ciudadanía al Poder Judicial, es porque no se lo podemos hacer a ninguna otra institución”, observó Aráuz.

“Nadie puede aplicar justicia, sino el poder judicial. Es la única puerta de salida de los actos de corrupción, pero si esa puerta está mal cerrada, entonces no hay sanción a la corrupción, y ya lo explicaba otro consultor: corrupción que no se castiga tiende a repetirse. Así ha sido históricamente”, recordó el jurista.

Prevenir y castigar

“El fenómeno de la corrupción, como el delictivo en general, es importante castigarlo, pero es más importante prevenirlo”, dijo.

El decano de la Facultad de Derecho de la UCA dijo que el Estado debe promover mecanismos tendientes a prevenir los actos de corrupción, a denunciar los actos de corrupción y a castigar los mismos.

“El Estado debe crear estrategias para fortalecer las denuncias ciudadanas, para permitir la fiscalización externa al Estado, no sólo permitírselo a la Contraloría --que no siempre tiene la capacidad de hacerlo--, sino a todos los ciudadanos, y no cerrarse a oír las quejas y críticas sobre denuncias de presuntos actos de corrupción”, observó.

El Diagnóstico de los donantes recomienda que se abran más oficinas de denuncias ciudadanas en varias instituciones públicas, que permitan las delaciones para así detectar, investigar y sancionar los actos indebidos.

Proteger al denunciante

Pero al mismo tiempo, a criterio de Aráuz, debe aprobarse una legislación para proteger a la persona que denuncia actos de corrupción.

“Quizá no se apruebe una ley de protección a testigos como en otros países, pero debe dar algunas garantías más allá de la privacidad de la identidad del denunciante, como garantizar la defensa y seguridad física, sicológica y económica, por aquello de las amenazas y represalias.

Además, dijo Aráuz, que el Estado debe enfatizar en otras áreas de riesgo de corrupción que traspasan el ámbito de lo estatal, como es la incidencia de las fuerzas del crimen organizado en las instancias del Estado. “Esas fuerzas son factores de riesgo y representan una tentación sobre los bienes incautados a los narcotraficantes; eso genera tensión que puede dar lugar a actos de corrupción”, señaló Aráuz.

Parar narcopensiones a magistrados

“Los bienes de los narcotraficantes, sus acciones y recursos son focos de peligro. Se necesita, por ejemplo, leyes claras que definan el destino de esos bienes, y no dejarlos a criterio e interpretación de los funcionarios judiciales. Hay una discusión antojadiza en relación a quiénes deben participar en la repartición de los bienes, esto no es más que una manifestación de intento de corrupción”, observó Aráuz.

“El Poder Judicial mueve la cintura en relación con estos grandes recursos e intereses, pero no hace lo mismo en otros casos, entonces, ahí se necesita una ley clara y precisa para definir. Ninguna disposición normativa dice que se deben destinar esos recursos para fondos de retiros de los magistrados”, observó Aráuz.