Rafael Lara
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El robo legalizado es lo que el Estado practica al no reconocer una pensión a cotizantes cuando éstos tienen menos de 750 semanas, señalaron representantes de la organización Unidad Nacional del Adulto Mayor, UNAM, quienes en compañía del procurador de derechos humanos, Omar Cabezas, exigieron al gobierno de Daniel Ortega que reactive la vigencia de la pensión de vejez reducida.

Porfirio García Ramírez, representante de UNAM, dijo que los adultos mayores al no cumplir los requisitos exigidos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, quedan en el desamparo, mientras todo el dinero que se entregó desaparece aunque hayan “sudado” para ganárselo honradamente.

“Nos están violentando el derecho a la alimentación, a la salud y a la recreación. Por eso reclamamos el respeto de nuestros derechos humanos. Tenemos dos años de estar solicitando una entrevista con el director del INSS, Roberto López Gómez, quien se ha negado a atendernos, demostrando su menosprecio a los adultos mayores”, señaló García, quien agregó que cuando se llega a los 68 años, aun con poco menos edad, ya nadie les da un trabajo para ganarse la vida, y si no se tiene pensión no se puede ni sobrevivir.

Ni para la caja dan

Recordó que las pensiones, por ley, antes daban lugar a la pensión de vejez reducida, a la que tenía acceso quien cotizaba por 250 semanas, pero desde 1994 eso fue derogado. Por lo tanto, exigieron que al menos debiera darse de forma proporcional, pero cuando el adulto mayor fallece ni siquiera para la caja se le da.

Para Federico Kraudy Salgado, también en representación de UNAM, esto muestra una actitud grosera e inhumana, ya que el INSS obtiene millones de córdobas de quienes han cotizado, pero aunque tenga 600 semanas cotizadas el trabajador no recibe nada.

“Aquí dan pensiones para desmovilizados, pensiones de gracia de hasta 23 mil córdobas, pero para nosotros que nos ganamos el dinero y nos lo quitaron no hay nada. No estamos pidiendo limosna, sino nuestros derechos ganados”, dijo Kraudy, quien hizo un llamado a las más de 20 mil personas que están en la misma situación, para que contacten a la organización al número 22482286, y comenzar a presionar al Estado.

Cabezas: gobierno viola DDHH

“Exijo que el gobierno deje de violar los derechos humanos de los adultos mayores. El problema se viene arrastrando desde los gobiernos de los noventa, que cedieron a las presiones del Fondo Monetario Internacional, pero la situación sigue con este gobierno, por lo cual debe haber un cambio”, comentó.

Mientras tanto, Adolfo Jarquín Ortel, Subprocurador de Derechos Humanos, alegó que un enorme problema es que en cada gobierno los fondos del INSS son utilizados como caja chica, ocupándolos para todo tipo de cosas, pero no se acuerdan de quienes han cotizado, a los que no se les da nada.