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Coreando la consigna “Back to the land” (Retorno a la tierra), la mañana del viernes, centenares de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, pertenecientes a la comunidad negra de la ciudad caribeña de Bluefields, marcharon por las calles blandiendo machetes, y después se tomaron varios lotes ubicados en la periferia norte para reivindicar su derecho a una tierra para vivir y cultivar.

El dirigente de este movimiento, Carlos Alberto Chamorro (nombre inusual entre los negros de Bluefields), subió a la azotea de un edificio y desde ahí arengó a sus coterráneos a no amilanarse y a hacer prevalecer su derecho a habitar y trabajar en la tierra que perteneció a sus antepasados, y que hoy está en otras manos.

Puso como ejemplo el caso del ex concejal del PLC, José Fernández, señalado de apoderarse y vender ilícitamente gran cantidad de lotes urbanos para luego irse por donde llegó, ya que no es de Bluefields.

Mientras que el concejero regional creole, Guy Cox Wallace, fustigó al diputado del PLC Francisco Sacasa Urcuyo, tildándolo de terrateniente inescrupuloso que ha quemado ranchos, perseguido, encarcelado y balaceado campesinos para quitarles sus parcelas.

Incertidumbre

El catedrático y dirigente negro, Leo Joseph, dijo que los costeños comenzaron a perder su tierra desde que José Santos Zelaya anexó La Moskitia a Nicaragua y repartió las mejores parcelas entre su séquito y la aristocracia de la época.

Sin embargo, el problema en la RAAS se torna más engorroso por cuanto han aparecido varias personas que se adjudican como suyos en calidad de propiedad privada, territorios enteros que los afrodescendientes e indígenas caribeños reclaman como comunitarios.

Incluso, los lotes que fueron tomados el viernes por la comunidad creole, forman parte de un terreno que supuestamente pertenece a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y la Universidad Uraccan.

Joseph aclaró que los negros siempre han vivido en paz, que la  toma de tierras es simbólica y no quieren conflictos con nadie, por lo que propuso un diálogo pero respetando el derecho de los costeños a la tierra, tal como está consignado en la Ley 445 sobre Régimen de Propiedad Comunitaria y Ley 28 sobre el Régimen Autonómico de la Costa Caribe Nicaragüense.