Luis Galeano
  •  |
  •  |
  • END

Ni el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, ni el titular del INSS, Roberto López, han enviado a la Contraloría el convenio de pago que firmaron después de que el primero no enteró al Seguro Social unos 27 millones de córdobas, que se les dedujeron a los trabajadores de la cuota obrero-patronal, una acción por la que en 2007, los contralores establecieron presunción de responsabilidad penal contra el ex edil de Masaya, Carlos Iván Hüeck.

El presidente de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, envió una carta el pasado viernes a ambos funcionarios, en la cual los conminó a remitir la información, de lo contrario tomarán otras medidas para hacerlos cumplir con la ley.

“Pregunté a la Oficina de Denuncia Ciudadana si ya teníamos algo de ese convenio, y me dijeron que no hay nada”, indicó el colegiado.

Jubilado los denunció

El polémico Rivas, titular del Consejo Supremo Electoral, CSE, y López, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, fueron denunciados ante la Contraloría y ante la Fiscalía, a mediados de octubre, por el jubilado Jorge Toledo, quien consideró que ambos funcionarios cometieron fraude contra el Seguro Social y violentaron varias leyes, comenzando por la Constitución, al haber suscrito el convenio de pago.

El Consejo Superior de la CGR le había dado a Rivas y a López hasta el 9 de noviembre para remitir el convenio, pero éstos incumplieron, por lo que los colegiados les dieron 15 días más para ese propósito, los cuales transcurrieron sin que la documentación llegara al ente fiscalizador.

El pasado viernes, el contralor Argüello Poessy envió una última comunicación a los dos polémicos funcionarios, en la cual les dio como término cinco días hábiles a partir de su recibido, para que envíen la documentación relacionada con la denuncia de Jorge Toledo.

“O cumplen, o los hacemos cumplir”

“Si no nos mandan esta vez lo que les pedimos, pues vamos a ver qué decisión tomamos para hacerla cumplir, porque la ley es clara sobre los requerimientos que hace la Contraloría y sobre las sanciones que se pueden imponer a los que no cumplan con eso”, dijo Argüello Poessy.

El artículo 49 de la Ley Orgánica de la CGR, referido al acceso a información que tiene el ente fiscalizador, indica que los auditores internos, externos y servidores públicos que realizan labores de auditoría, “tendrán acceso libre, directo e irrestricto a registros, archivos y documentos almacenados en cualquier medio, que sustenten la información en cuanto a la naturaleza de las operaciones auditadas”, y para obtener información será suficiente el requerimiento por escrito.

“En caso de rehusarse, éstos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la CGR”, añade el citado artículo.

El antecedente de Hüeck

No es la primera vez que un funcionario público es denunciado en la CGR por desvío o malos manejos de los fondos que se deducen a los trabajadores al mes, y que supuestamente son para enterarse al INSS.

En noviembre de 2007, los contralores colegiados decidieron de manera unánime establecer una presunción de responsabilidad penal en contra del ex alcalde de Masaya, Carlos Iván Hüeck, por no enterar al INSS más de un millón 200 mil córdobas provenientes de las cuotas obrero-patronales que dedujo mensualmente a los trabajadores de la comuna.