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La Reforma a la actual Ley de Equidad Fiscal que el gobierno pretende que se apruebe en la Asamblea Nacional, provocará la descapitalización, disminución en la inversión y cierre de empresas que venden volúmenes con bajos márgenes de utilidades, coincidieron expertos en temas tributarios.

De acuerdo con el economista Alejandro Aráuz, el Impuesto de Pago Mínimo, IPM, establecido en uno por ciento sobre las rentas brutas de las empresas, es de carácter confiscatorio, ya que los negocios con ingresos reducidos deberán entregar ese tributo, y muchas veces el aporte será mayor o igual a las utilidades, llevando a muchos a la quiebra o dejándolos sin oportunidad de inversión.

“Si lo que van a pagar en concepto de IPM es demasiado para sus utilidades, las empresas se verán afectadas hasta en un noventa por ciento, lo que no les permitiría generar recursos para reinvertir, hacer ampliaciones o mejorar sus estructuras operativas y generar ahorros”, aseguró.

Aráuz destacó que hay sectores de la actividad económica nicaragüense que apenas tienen un margen de ganancia bruta del ocho al diez por ciento, por lo que la medida los afectará drásticamente.

Afectaciones en diferentes sectores

“Habrá perjuicios directos para varios agentes económicos, como es el caso de los cafetaleros, que cada año enfrentan las fluctuaciones de precios impuestos por los mercados internacionales. El sector de la pequeña industria láctea también tiene márgenes bajos de ganancias, y más cuando existe un comercio restrictivo, golpeado por la medida”, indicó.

Otras empresas que serán afectadas son aquellas con una reducida estructura operativa y escaso apalancamiento financiero, así como las pequeñas industrias artesanales que compiten en los mercados locales contra los productos de importación, a la vez que intentan abrirse mercados para exportar sus bienes.

Para el economista Adolfo Acevedo, las afectaciones a las empresas repercutirán en el consumidor final, al que se le trasladará directa o indirectamente el IPM.

Las graves alternativas

Si las condiciones de mercado, oferta, demanda y competencia, no permiten trasladar los impuestos a los consumidores, aquellas empresas con márgenes mínimos de ganancias pueden perder hasta un 70 por ciento de dicho margen.

“Las pérdidas equivaldrían a descapitalizar a las empresas y toda la carga de los impuestos, la que van a trasladar a los trabajadores a través de menores incrementos de salarios, y en un caso extremo, si las empresas tienen menos utilidades, reducirán costos y planillas”, expresó.

Ampliación de pago del IR no es suficiente

En cuanto a la ampliación del piso, exento de pago del Impuesto sobre la Renta para los asalariados, que la propuesta ubica a partir de 75 mil córdobas al año, Acevedo señaló que únicamente se está reconociendo la mitad de la pérdida del poder adquisitivo del trabajador promedio nicaragüense.

Según Acevedo, llevar de 50 mil a 75 mil el pago del IR, no representa una recuperación ni un beneficio para el asalariado, ya que no es un ajuste real, tomando en cuenta los niveles de inflación de los últimos años.

“En 1997 se estableció este monto mínimo de 50 mil, y hasta ahora hay una modificación, pero la verdad es que no corresponde a la inflación ni a la pérdida del poder de compra de las personas. Para que el trabajador vea un beneficio real y una compensación a sus gastos, la ampliación del pago del IR debería llevarse hasta 140 mil córdobas”, estimó.

Por su parte, el experto José Luis Medal coincidió en que el IPM es negativo, al tener un efecto de cascada y perturbar la competitividad del país y a los consumidores, provocando que se eleve el costo de la vida.

Debieron incluir los fondos venezolanos

Medal insistió en que lo que el gobierno debió haber hecho es restablecer la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario e incluir los fondos venezolanos en el Presupuesto General de la República.

“Este impuesto o pago mínimo es una distorsión para las empresas que tienen márgenes de utilidades reducidos, como los supermercados, gasolineras o empresas similares, y termina siendo una confiscación”, apuntó.

Faltaron sectores en discusión de Reforma

Medal también consideró la reforma como “antipopular”, porque no reunió a la mayoría de sectores del país.

El economista dijo que no se ha consultado a los medianos empresarios ni a los trabajadores. “Es antipopular y es parte del enfoque fondomonetarista del gobierno”, recalcó.

Medal añadió que la reforma es discriminatoria para la renta salarial, porque se establece un sistema de impuestos cedular, porque la renta de los intereses se gravan con el 10 por ciento, en cambio la del trabajo se grava con una tasa progresiva.

Es discriminatoria del trabajador y a favor de los rentistas pasivos, y es un atentado contra la clase media.

“El que gane 300 mil córdobas al año va a terminar pagando más de lo que pagaría por el mismo ingreso en Costa Rica y en Estados Unidos”, puntualizó.