José Adán Silva
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El nombramiento como futuro Ministro de Defensa del Inspector General del Ejército de Nicaragua, mayor general Ramón Calderón Vindell, por parte del presidente Daniel Ortega, tal como se comenta en una versión no oficial, podría agravar las tensiones políticas del país, a criterio del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp).

Javier Meléndez, sociólogo y analista de temas de defensa y seguridad del citado instituto, plantea que en el hipotético caso de que el presidente Ortega nombre a Calderón Vindell como Ministro de Defensa, se abrirían dos escenarios posibles ante la nueva autoridad del futuro Comandante en Jefe, mayor general Julio César Avilés Castillo.

“En el primer escenario, se daría una relación de colaboración muy articulada entre el ministro y el general Avilés. Sin embargo, este escenario lo veo poco probable, porque tomar el riesgo de ubicar como Ministro de Defensa a quien era el segundo candidato para tomar la comandancia del Ejército, sería poner en marcha un escenario de conflicto dentro de la institución armada”, dijo Meléndez.

Relación de conflicto

En el segundo escenario, a criterio del analista, se daría una relación de conflicto donde el Ministro de Defensa, con el apoyo y la autoridad que le confiere el presidente Ortega, buscaría cómo ser el punto central en las decisiones que afectan a la gestión del sector Defensa.

“Esto lo podría lograr el presidente Ortega con un decreto en que ubica al nuevo ministro en la cadena de mando. Y un Ministro de Defensa en la cadena de mando es un escenario que el Ejército nunca ha aceptado. Y, realmente, para los militares sería peor que lo fuera un militar en retiro con pasado inmediato de mando en la institución”, observó el funcionario del organismo no gubernamental.

“Nosotros como Instituto abogamos para que el Ministro de Defensa sea un civil que represente la gestión y la autoridad civil. Y si es un militar, que tenga el suficiente tiempo en retiro como para pensar que al final de cuentas, sus acciones representan la visión y los intereses civiles en el sector defensa”.

“Aun así, las pocas experiencias de los países que han optado por ubicar a ex militares como ministros de Defensa son poco exitosas, y más o menos llenas de traumas y rupturas institucionales”, dijo Meléndez.

Jefe civil del Ejército

El Consejo Militar decidió nombrar al mayor general Avilés Castillo, en su carácter de jefe del Estado Mayor General, como el sucesor de Halleslevens el próximo 21 de febrero de 2010.

De conformidad con la Constitución Política, por delegación del Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, le compete al Ministerio de Defensa dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, de la independencia y de la integridad territorial nacional.

Dentro de estas atribuciones, también le compete participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua.

Esa institución no posee un ministro, y las funciones administrativas las ejecuta Ruth Tapia, nombrada por Ortega como Secretaria de Defensa con rango de ministra --algo que no existe legalmente--, pero sin el peso y la autoridad que el cargo confería a los anteriores titulares de esa cartera.

Juego peligroso

Hay otro escenario posible. A criterio de Meléndez, si el general Avilés decide como comandante en jefe no pasar a retiro a Calderón, y lo nombra jefe del Estado Mayor General, en sucesión directa a jefe del Ejército en 2015, se generaría un enorme peligro para el país en general.

“La posibilidad de que el general Calderón no pase a retiro es un asunto que se define dentro del Ejército. Eso está claramente señalado en el artículo 31 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Pero no creo que se dé esta posibilidad. Es más compleja y delicada, inclusive, que la posibilidad de que el Inspector General sea nombrado como Ministro de Defensa”.

“Si sucediera --el nombramiento de Calderón como jefe del Estado Mayor--, yo lo interpretaría como una clara invasión a la normativa interna del Ejército producto de presiones políticas. No sería sano para el Ejército esa situación”, observó Meléndez.

A su criterio, el Inspector General debe pasar a un retiro totalmente desvinculado del Ejército, como lo han hecho todos los miembros de la Comandancia que han pasado a vida civil.

“No creo que el general Calderón aceptara ser nombrado Ministro de Defensa. Creo que primaría en él la idea de que esto crearía un punto de conflicto en una institución que se ha ganado con mucho sudor y esfuerzo un importante prestigio en la sociedad”, dijo Meléndez.