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A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y de haber escuchado las promesas de la directora de la Policía Nacional de luchar contra ese mal, el jefe policial de Carazo se dio el “lujo” a agredir físicamente a tres adolescentes, en la propia estación policial, a quienes cacheteó, y en compañía de sus subordinados hasta les dio puntapiés, según la denuncia de las agredidas.

Así es que el comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria, jefe policial de Carazo, fue denunciado por sus víctimas, por supuesto abuso de fuerza contra las menores, de 17, 15 y 13 años.

Ante la situación, el padre de las agredidas, Johnny Quintero, y los hermanos de las mismas trataron de intervenir, por lo que seis miembros de la familia --incluyendo a las jovencitas-- fueron detenidos e incomunicados. A su abogada, incluso, le negaron información de los cargos imputados; las autoridades, también, impidieron a los familiares entregar el medicamento a una de las muchachitas que padece de asma.

Así, a medio día, nos encontramos a la niña de 13 años atendida por una oficial que le tomaba sus datos. Prácticamente en estado de shock y con los nervios alterados, ella no paraba de llorar. En su muñeca derecha se observaban varios rayones, provocados cuando trataron de esposarla, además, mostraba algunos golpes en la pierna derecha.

Junto a su mamá y frente a una oficial, entre sollozos, alcanzó a declarar sobre la agresión que recibió junto a sus familiares.

“Esos hombres trataron de matar a mi hermana. Ese comisionado… y los dos policías no la dejaban suelta, y nosotras la defendimos. Entonces los policías nos agarraron a patadas. Nos daban en la columna”, dijo con dificultad la muchachita, agregando que el médico forense las trató como una basura a pesar de estar grave por su asma.

El origen del problema

Según Natalie Quintero, hija de Johnny, propietario de fincas, el origen del problema comenzó hace mes y medio, cuando dos docenas de tomatierras, arengados por uno de los representantes del zonal del partido de gobierno, ingresaron en una de las propiedades de su padre. Cuando Quintero les reclamó le contestaron que “esas eran tierras municipales”.

Propiedad adquirida legalmente

Lo anterior fue confirmado por la abogada de los Quintero, Xiomara Espinoza, quien señaló que tienen la documentación respectiva y en regla, con aprobado de la Procuraduría General de la República, sobre esa propiedad, adquirida legalmente hace diez años a una cooperativa.

La abogada comentó que el dueño intentó hablar con el alcalde y con el representante del partido sandinista, que supuestamente incitaba a los toma tierras, pero ninguno se dignó a atenderlo, ni las denuncias en la Policía tuvieron respuesta alguna.

Amenazas, denuncias y detención

Natalie aseguró que el problema se agravó cuando varias reses y un centenar de pelibuey desaparecieron de la finca ocupada de manera parcial.

Fue entonces cuando su papá habló con los intrusos y les dijo que era suficiente, que se retiraran pacíficamente. Aceptaron, y cuando él se retiraba, una de las precaristas le dijo que le hiciera el favor de darle un “aventón” hasta Jinotepe y aceptó, pero al llegar a la casa de la señora, varios tipos le lanzaron improperios ya que Quintero no tenía por qué sacar a nadie, por lo que iban a buscar su casa y a quemarla, y matarían a su familia.

Alarmado por la amenazas, Quintero se fue con varios miembros de su familia y con su abogada a interponer la denuncia en la estación policial a eso de las 6 de la tarde del martes, hasta donde también llegaron los precaristas que, luego de haberlo amenazado, ahora acusaban a Quintero de haber raptado a la señora que le pidió el “aventón” y a quien llevó hasta su casa.

“El jefe policial la abofeteó”

“Mientras, el señor Quintero y varios de sus hijos interponía la denuncia por las amenazas de muerte, el comisionado mayor Miranda amablemente hacía pasar al precarista, y como una de las hijas de Quintero los siguió para saber de qué hablarían, el jefe policial le dio una cachetada, y ella le regresó automáticamente el golpe, sin esperar que un hombre uniformado, con pistola al cinto, la arremetiera contra ella, le diera otro golpe y la tomara del cuello.

“Sus otras hermanas, al ver la situación, se lanzaron en su defensa, pero fueron neutralizadas fácilmente por varios agentes, que las tiraron al piso y hasta las patearon”, dijo Quintero Aróstegui, secundada por Catalina del Carmen, madre de las detenidas.

La abogada, quien aseguró haber sido testigo del problema, indicó que el padre con sus hijos al escuchar los gritos de las muchachitas también intervinieron, lo que dio como resultado que las tres adolescentes quedaran detenidas, además de su papá, y los hermanos Johnny Quintero Calderón y Jimmy Quintero.

La denuncia fue interpuesta en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde la abogada Wendy Flores indicó que lo sucedido con las menores de edad fue expuesto a la Dirección de Auxilio Judicial, pero que al consultar a la Policía de Jinotepe sobre el caso, declararon que el señor Quintero estaba detenido bajo cargos de tenencia ilegal de armas.

Policía dice que es la víctima

Por su parte, el comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria, jefe de la estación policial de Carazo, dio su versión a END: “Yo estaba en mi despacho a las ocho de la noche del pasado martes, dialogando con el señor Martín Berroterán, representante de AMIR, quien me planteaba un problema de medición de tierras, secuestro y personas que habían sido sacadas a balazos por parte del señor Johnny Quintero, cuando tres jovencitas entraron sin permiso a la oficina y se me lanzaron encima, me agredieron, y provocaron abolladuras en una de las divisiones cuando tiraron la puerta de mi oficina.

“Fue en ese momento que agarré a una de ellas, y el capitán Gaitán, segundo jefe de seguridad pública, me ayudó a neutralizarlas para que desistieran de la actitud violenta. Las sacamos y las mandamos a detener”, señaló, agregando que “abajo, en la entrada de la Policía, estaba Johnny Quintero forzando el portón con tres personas más, incluyendo sus dos hijos, a quienes procedimos a detener después que agredieron a la recepcionista.

También registramos los dos vehículos propiedad de Quintero, donde encontramos 25 proyectiles y una escopeta recién disparada. Estamos investigando si estaba legal la portación del arma de fuego”, informó Miranda Fitoria, quien hasta ayer se había negado a atender los familiares de los detenidos.

Sobre la detención de las tres menores de edad, según la confirmación de las partidas de nacimiento presentadas por familiares de las adolescentes, el jefe policial comentó que “una ya fue dejada en libertad y dos están detenidas, pues el nuevo Código Procesal Penal establece que toda persona de 13 a 15 años es responsable penalmente…”. Afirmó que están acusadas por agresión, después que se metieron por la fuerza a la unidad policial y hay amenazas de muerte.

Del FSLN lo niegan todo
Jairo Bendaña, miembro de la cúpula sandinista en Carazo, y responsable de comunicación del FSLN, al ser consultado sobre las aseveraciones de la familia Quintero, respondió que “no tenemos que ver nada, hasta donde yo sé, es un problema donde están los militares retirados de AMIR, quienes han impulsado un proceso con la Procuraduría Departamental de Justicia para realizar una remedición de tierra en esa propiedad. Tengo entendido que ya se había platicado y acordado con Quintero que estuvieran ahí, mientras se hacia la remedición. Tengo conocimientos de que ayer hubo un roce, pero no tengo mayores detalles”.

Recalcó que ellos están en contra de cualquier toma de tierra, siguiendo la línea y el mandato del presidente.