Amparo Aguilera
  • |
  • |
  • END

La discapacidad mental y severa, como parálisis cerebral, está predominando en el país según el diagnóstico que realiza el Gobierno, con apoyo de Cuba, en todo el territorio nacional, lo que alarma, ya que “cualquiera” puede sufrirla.

“En departamentos como Masaya y Matagalpa ese es el panorama, y preocupa porque cualquiera de nosotros puede caer en eso: en una esquizofrenia, por ejemplo. Nos podemos descompensar de repente por la mala alimentación y por los problemas que enfrentamos en el país, como la violencia”, advirtió ayer la procuradora especial para los Derechos de los Discapacitados, Rosita Salgado, durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró en Managua.

Según datos oficiales, hasta 2003 la población discapacitada a nivel local totaliza unas 560 mil personas. Sin embargo, los organismos vinculados con el segmento, estiman que a estas alturas oscilan entre las 600 mil y las 650 mil personas como mínimo.

Nuevos discapacitados en extrema pobreza

La funcionaria adelantó que los “nuevos” discapacitados que están encontrando viven en “extrema” pobreza.

“Pasan por grandes necesidades, no tienen en qué movilizarse ni condiciones para vivir, y hemos encontrado que los familiares, en el caso de los discapacitados mentales, los aíslan en la propia casa, hacen cuartitos aparte y allí los mantienen porque los tratan como locos”, alertó.

El consultor y especialista en derechos humanos, Carlos Emilio López, indicó al respecto que el nuevo escenario implicará, como ya se ha planteado, la aplicación de políticas públicas integrales.

“Las políticas deben tener el criterio de universalidad para garantizar todos los derechos, y el criterio de la especificidad para que todos esos derechos sean para todos”, planteó.

Sin política o programas de salud mental

En ese contexto destacó que, a la fecha, hay “pocos” programas de salud mental en Nicaragua. “La visión que tenemos de la discapacidad mental es de institucionalización, es decir, se manda a la persona al hospital psiquiátrico para tratar su problema, y el enfoque moderno ya ha superado eso”, subrayó.

“El nuevo enfoque es que las personas con discapacidad --no importa cual sea-- tienen capacidades jurídicas, económicas, productivas, comunicativas, artísticas… así que ellas pueden estar con la comunidad, estar con su familia. Y hay metodologías y programas para esa inclusión, de manera que el encierro en la casa o en un hospital no es la repuesta”, recalcó.

Incluso la “Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Nicaragua firmó y ratificó en 2007, se asienta en ese concepto moderno y establece la inclusión social, laboral y educativa del segmento”, recordó.

Salgado, en ese contexto, espera que una vez que finalice el estudio sobre el segmento, los gobiernos municipales den repuesta al sector. “Esto es parte de los compromisos que hay, porque de nada sirve hacer diagnósticos sino hay recursos para suplir las necesidades de la población discapacitada”, puntualizó tras referir que actualmente son mejor atendidos respecto a años atrás, aunque es “escaso” el apoyo de la cooperación internacional.

Avances y retos

De acuerdo con Carlos Emilio López, consultor y experto en derechos humanos, en el país hay varios avances en el segmento de discapacitados a nivel local, sobre todo en cuanto a legislación se refiere.

“El segmento cuenta con la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación para Personas con Discapacidad, y con el Consejo Nacional de Rehabilitación, adscrito al Ministerio de Salud”, detalló.

“Otro logro es que el Gobierno de Nicaragua firmó y ratificó, en 2007, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, el máximo instrumento internacional que defiende sus derechos humanos; por otro lado, el Ministerio de Educación tiene dentro de sus políticas, la política de todas las educaciones, dentro de la cual va la inclusiva, que significa que dentro de las escuelas deben eliminarse las barreras arquitectónicas y culturales para esta población, entre otros”, agregó.

“Sin embargo, hay retos: hace falta reformar la Ley 202, es positiva, pero hay que readecuarla, ya que la Convención la supera”, manifestó. Una reforma, según el experto, implicaría establecer un porcentaje de discapacitados en la nómina de entidades públicas y privadas.

Así como tener acceso al crédito y a la eliminación de todas las formas de discriminación, entre otras.