Rafael Lara
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Las denuncias interpuestas en el Ministerio Público contra el titular de la Dirección General de Ingresos, DGI, Walter Porras, y Erick Avellán Gutiérrez, jefe de oficina de administración de personal de la DGI Central, que fueron impugnadas en la resolución de esa instancia competente, no están apegadas a derecho, según los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, e instaron a los denunciantes a apelar.

Los delitos por los cuales Porras y Avellán fueron señalados son represalia, contenido en el artículo 316, y discriminación, contenido en el artículo 427, ambos del Código Penal de la República de Nicaragua, sin embargo, el Ministerio Público se excusa de conocer el caso, argumentando que los denunciantes tienen casos en proceso en los Juzgados Laborales, por lo que no tienen competencia.

En competencia del Ministerio Público

Álvaro Leiva, delegado de la CPDH en la región sur, asegura que luego de un análisis jurídico de la resolución, considera inverosímil la argumentación del Ministerio Público, ya que no están solicitando que intervenga en situaciones laborales, que, efectivamente, les competen a los juzgados laborales, sino en cuestiones penales, las cuales competen a la instancia que desestimó la denuncia.

“Nos sentimos altamente preocupados, porque si éstos son los actuares de la institución, fuera del marco jurídico de lo que establece la legislación de la Ley de Acciones del Ministerio Público, y nuestra legislación en materia Procesal Penal, entonces no se puede encontrar justicia en el país, y hay cantidad de casos similares pendientes, por lo que se esperan iguales resultados,” dijo el delegado de la CPDH.

Indicó que en el caso de los 20 ex trabajadores de la DGI que interpusieron la denuncia se está actuando contra sus derechos y garantías constitucionales, por la inobservancia del debido proceso, además de retardación de justicia, pues la resolución, que según su ley debe hacerse en 20 días, la institución la realizó en 90, para emitir una resolución que manda a archivar el caso.

Una violación a derechos humanos

Marcos Carmona, Director de CPDH, dijo que el Ministerio es público, pero en la actualidad no está a la par de la víctima, y más bien pareciera que la instancia está pintada en la pared.

“No actúa conforme a derecho, sino de acuerdo con intereses externos. Estos Trabajadores fueron despedidos desde hace un año por no pertenecer al partido de gobierno, y no se les ha pagado sus liquidaciones, lo que es una violación a sus derechos humanos”, dijo Carmona, agregando que el Ministerio Público no está actuando contra los altos funcionarios del gobierno.

Comentó que la CPDH acompañará a los denunciantes en la apelación, y de no encontrar respuesta llevará una acusación autónoma. Por otra parte, agotarán las vías pertinentes antes de realizar un informe y presentar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.