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Una guerra de poder político y económico es que la que existe detrás de las denuncias del diputado Mario Valle, en contra del presidente del Consejo Nacional de Universidades, aseveró el rector Telémaco Talavera, pues la intención del legislador es crear un ambiente de inestabilidad, para que no se apruebe el veto a la Ley de Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA.

En una visita que realizó a EL NUEVO DIARIO, Talavera comentó que dicha ley entró este jueves a la Comisión de la Asamblea Nacional, pero será hasta la próxima legislatura cuando se decidirán dos temas puntuales, como la distribución del 6% constitucional, y la autorización para la apertura de nuevas universidades y carreras.

“No podemos negar que la comunidad universitaria tiene poder. El fondo al final es que quieren (el diputado Mario Valle y el presidente del CNEA, Orlando Mayorga) que el CNU sea un instrumento manejado a los intereses partidarios, pero esta institución es un órgano independiente, plural, y que actúa con ética y profesionalismo”, dijo Talavera.

Afirmó que ante estas supuestas denuncias de cobros ilegales a las universidades, se mueven intereses personales, familiares, económicos, políticos y partidarios, donde están involucrados diputados de distintas bancadas.

Actuaron a espaldas

Talavera expresó que no entiende el ataque personal que ha sufrido por parte del diputado Valle, pues el CNU siempre apoyó la creación del CNEA.

“Las reuniones para la pronta aprobación de la Ley de CNEA se realizaron en el CNU, y lo que sorprende es que los diputados a espalda de las universidades reformaron la Ley, restando facultades al CNU, y dejando en el limbo la distribución del 6% Constitucional”, dijo el rector.

Además, indicó que los más interesados para que se apruebe la Ley del CNEA deben ser sus miembros, ya que estarían recibiendo salarios sin trabajar.

Talavera expresó que se debe trabajar por la calidad de la educación, pero para esto es necesaria la pronta aprobación de la Ley del CNEA.

Campaña de desprestigio

Mientras tanto, los rectores que conforman el CNU cerraron filas en lo que ellos llaman una campaña malintencionada, orquestada con el fin de desprestigiar a esta institución educativa y generar un ambiente de inestabilidad
El presidente del CNU respondió así a los señalamientos hechos por el diputado Mario Valle, quien lo acusó de realizar cobros ilegales para la apertura de nuevas universidades privadas en el país.

Talavera dijo que el CNU cobra un arancel de diez mil dólares para la capacitación a estas universidades, además de un cobro adicional de dos mil 500 dólares por carrera, y mil dólares por la apertura de sedes.

“También se les paga un salario equivalente de mil dólares a los coordinadores de estas capacitaciones, dos mil dólares a los especialistas, 300 dólares a un especialista jurídico, 200 dólares a los financieros, y éstos son pagos anuales”, expresó el presidente del CNU.

Alta Hooker, Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Uraccan, afirmó que todas las decisiones que toma el CNU son colegiadas, y cada cobro o apertura de universidades pasa por la aprobación de sus miembros.

CNU no debe subsidiar negocios privados

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, Francisco Guzmán, dijo que “el CNU no tiene que subsidiar a negocios privados. El CNU no debe hacer estudios técnicos ni dar asesoría gratis a las instituciones privadas”.

Guzmán expresó que las universidades privadas son la expresión de la economía privada, y deben asumir los costos. Agregó que estas universidades privadas no pagan para que el CNU les autorice la apertura, sino para se estudie si tienen la capacidad para funcionar.

“Los que no cumplen con los requisitos no pueden operar. Nosotros no nos metemos en lo que hacen las universidades privadas, que dicen que son sin fines de lucro, pero se deberían investigar, porque de allí puede salir algo más interesante”, dijo el rector de la UNAN-Managua.

Los rectores miembros del CNU afirmaron que todas las universidades brindan informes de su gestión a la Contraloría General de República, donde hacen rendición de cuentas.