Martha Vásquez Larios
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El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República aseguraron ayer que apelarán la resolución de la juez Tercero Penal de Ejecución de Sentencia, Rosario Gaitán, quien ordenó la libertad condicional del mexicano José Salvador López Santos, condenado a seis años de cárcel por contrabando aduanero.

La decisión la dieron a conocer ayer el Fiscal General de la República, Julio Centeno, y el Procurador General de la República, Hernán Estrada, quienes representan a la víctima (Estado de Nicaragua) y velan por los intereses de ésta. Ambos funcionarios coincidieron en que el condenado no reunía los requisitos para tal concesión.

Según el fiscal Centeno, el Ministerio Público “se opuso rotundamente a esa resolución desatinada”, porque no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Penal, porque apenas lleva dos años de cárcel y no cuatro como lo establece la ley (que haya cumplido con las dos terceras partes de la condena impuesta), explicó Centeno.

“Grave precedente”

El procurador Estrada se sumó a la decisión de la Fiscalía, argumentando que esa decisión de la judicial “constituye un grave precedente en la justicia de Nicaragua y va contraria a la política del Estado, de enfrentar con todo el peso de la ley las actividades del narcotráfico”, dijo el procurador.

Según Estrada, la PGR se pronunció días antes de la resolución judicial, para no conceder ningún tipo de flexibilidad al conminado, y la juez lo había aceptado.

“La sorpresa fue que días después, el viernes 18 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, súbitamente, en un acto a hurtadillas, la juez lo deja libre. A un ciudadano que no tiene arraigo en el país y que encima entró de forma ilegal y constituye un delito de orden migratorio, a no ser que la juez también se convierta en directora de Migración. En fin, es un acto lamentable”, expresó Estrada.

El Procurador General también señaló que a la juez Rosario Gaitán no le bastó con concederle la libertad al mexicano, sino que encima le asignó una fianza personal y no pecuniaria (multa en efectivo). “Esto no sólo afecta la seguridad jurídica, sino también la seguridad personal”, dijo Estrada.

¿Y la multa?

El fiscal Centeno aseguró que el recurso de Apelación se introducirá en enero próximo, ya que los tribunales están de vacaciones, y este tiempo no cuenta en los cómputos del caso, por lo tanto, están a tiempo de hacerlo. Además verificarán si el mexicano pagó la multa de casi 3 millones de dólares, impuesta por el juez Cuarto Distrito Penal de Juicio, Jaime Alfonso Solís, durante el juicio oral y público.

Ahora será al Tribunal de Apelaciones de Managua el que decidirá sobre la resolución de la juez de Ejecución de Sentencia, aunque dudan de que el mexicano esté en el país.