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“No es de sorprenderse” que en el Consejo Supremo Electoral, CSE, se emitan cédulas a extranjeros vinculados con el narcotráfico, afirmó Roberto Courtney, Director Ejecutivo del organismo Ética y Transparencia, EyT, debido a la corrupción existente en esta institución, mientras la Policía aún no ha determinado la forma de obtención del documento de identidad.

“Es un foco de corrupción, no hay que sorprenderse de que por la vía de debilidad institucional, por la vía del soborno, se hace factible eso, es decir, allí lo que tenemos es un Consejo colapsado y corrupto, entonces por una de esas dos puertas entra cualquier cosa”, señaló Courtney.

La Policía informó que el fugitivo colombiano Amauri Paudd Ruiz, y el peruano Antonio Gamboa Zúñiga, quien fue detenido por las autoridades policiales --vinculados a los sucesos de Walpa Siksa--, contaban con cédulas nicaragüenses.

Courtney analizó dos posibles escenarios de cómo los narcotraficantes pudieron haber obtenido las cédulas. El primero pudo darse por la vulnerabilidad del CSE y por la falta de control hacia la emisión del documento. El segundo por la corrupción existente en los funcionarios de ese Poder del Estado, quienes pudieron haber vendido sus servicios a los delincuentes.

Sin resultados aún

La primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía, dijo que aún no han determinado los procedimientos que habrían utilizado los narcotraficantes para obtener una cédula de identidad.

“Estamos haciendo la investigación (de) cómo hallaron esa cédula, que estamos nosotros ahorita realizando la investigación”, dijo Granera, sin ofrecer mayores detalles de los avances de las diligencias policiales.

La jefa policial no pudo precisar cuánto capital movía en nuestro país el colombiano Amaury Paudd, quien está prófugo, asegurando que aún la Dirección de Investigaciones Económicas está indagando la cantidad que cada día aumenta.

La directora policial tampoco confirmó si Fernando Paudd, padre de Amaury, está vinculado con el Cártel de Cali de Colombia, como lo han asegurado fuentes policiales.

Harry Chávez, coordinador de Programas Electorales del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, consideró que es obligación de los magistrados del CSE realizar una investigación interna sobre el caso y que son irresponsables al ignorar el hecho.

“Si no se preocupan por una situación de tal magnitud, ¿cómo será con las quejas de los ciudadanos que reclaman su cédula?, esa es una irresponsabilidad dejarle eso a otro, ellos tienen el dominio de los mecanismos, de la gente que tienen y de los órganos de control”, criticó Chávez.

No ofrecen transparencia

El magistrado sandinista, José Luis Villavicencio, afirmó que en el CSE, institución encargada de emitir las cédulas, no se está investigando el caso a lo interno, y que las indagaciones se las han dejado a la Policía.

El representante de EyT criticó la indolencia y la falta de transparencia de los magistrados del CSE por no realizar una investigación interna para conocer el procedimiento utilizado por los narcotraficantes para obtener la cédula.

“Aquí absolutamente todos los partidos y una pluralidad de los ciudadanos están absolutamente horrorizados de la forma en que funciona el CSE en este tema y en todos los temas que son de su competencia… es un CSE que cuesta mucha plata y que se desempeña muy mal, y que no cumple con su tarea, que está involucrado en casos de corrupción y que bueno, ya llegó al peor de los pecados, como fue violar la voluntad popular de forma descarada en las últimas elecciones municipales”, cuestionó.

Chávez aseveró que es peligroso para los procesos electorales las emisiones de cédulas ilegales y la ineficiencia por parte del CSE para dar respuesta a la demanda de la población que solicita el documento.

“La falta de transparencia con que se maneja el proceso de cedulación implica que se generen estos problemas y otros que no saltan a la luz, como gente que tiene mucho tiempo que no recibe su cédula, jóvenes que están sin poder recibir su cédula”, señaló el funcionario de Ipade.

Uno de los problemas más serios que estimó Courtney con la emisión ilegal de cédulas, es que ni las autoridades policiales ni las del CSE saben cuántos extranjeros tienen ilegalmente el documento de identidad.

“Otro problema es que no sabemos si sólo lo quieren para hacer trámites electorales o si sólo para sus trámites de narcotráfico. Esa parte no se conoce, por lo que se debe hacer una investigacioncita básica”, exhortó.