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“Que renuncie a su cargo antes de que lo declaren non grato”, y “que renuncie a su cargo y que vaya a enfrentar la justicia en Costa Rica”. Esas fueron, en resumen, las reacciones de sectores del país frente a la decisión de las autoridades de Costa Rica de retirar las placas diplomáticas a tres vehículos relacionados con el embajador Harold Rivas, y a la investigación penal que el Ministerio Público abrió contra Roberto Rivas, por presunta defraudación aduanera en la introducción de esos autos.

El doctor Carlos Tünnermänn, ex embajador de Nicaragua en Washington durante el primer gobierno sandinista, dijo que lo ocurrido en Costa Rica “es el típico caso de abuso de los privilegios diplomáticos. La Cancillería lo ha detectado y ha tomado las medidas correspondientes, como es retirar las placas; y la Fiscalía, investigar lo que se tenga que investigar”.

La Cancillería de Costa Rica pidió al Ministerio de Hacienda de ese país cancelar la exoneración de tres vehículos con placas diplomáticas asignadas a la Embajada de Nicaragua, debido al mal uso que de ellos ha hecho el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense, Roberto Rivas, y su familia. A la vez, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el presidente del CSE, su esposa, Ileana Delgado Lacayo, y otras personas, por el posible delito de defraudación fiscal aduanera.

Embajador cuelga y Santos ocupado una vez más

Ante la noticia que causó revuelo ayer por la mañana, EL NUEVO DIARIO se comunicó con el embajador Harold Rivas, pero luego de identificarnos, colgó abruptamente el teléfono, y luego apareció su contestador automático todo el tiempo.

También intentamos hablar con el vocero del titular del CSE, Félix Navarrete, pero éste tampoco respondió ni al teléfono ni a los mensajes que le dejamos.

Por la seriedad y trascendencia de la decisión de las autoridades costarricenses, nos comunicamos con el canciller nicaragüense, Samuel Santos, quien ha permanecido mudo ante cada uno de los acontecimientos que se han dado con el embajador Rivas, pero una vez más, el canciller se declaró ocupadísimo como para poder hablar del caso.

“Estoy en una reunión, hijo, no te puedo hablar, disculpame, en verdad no puedo hablarte, yo te llamo luego” prometió, pero no cumplió.

“Que gobierno retire a embajador o que éste renuncie”

Para Tünnermänn, lo mejor que puede hacer Nicaragua para mantener de la mejor manera las relaciones con Costa Rica, es retirar al embajador Harold Rivas, “porque se trata de una persona que ha abusado de sus privilegios y es mejor hacerlo, antes de que lo declaren non grato”.

Por su lado, Roberto Courtney, directivo del organismo cívico Ética y Transparencia, y capítulo nacional de Transparencia Internacional, dijo que el accionar de los costarricenses es una muestra de lo que es respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad y las leyes.

“En el caso de Roberto Rivas, quiere hacer allá lo que estila hacer aquí, es decir, cree que el relajo que se vive aquí, se puede hacer en otros países, y se encontraron con ese muro de contención institucional”, dijo.

Recordó que la cercanía con Costa Rica es sólo geográfica, “porque por lo demás estamos lejísimos, porque nuestro vecino realmente no es Haití. Esto (el actuar de las instituciones) nos maravilla, porque lo vemos lejano, y lo que revela es que si una investigación periodística dice con elementos claros que hubo fraude, las instituciones, éstas actúan como debe ser, defendiendo el respeto a las leyes”.

“Lo único que han logrado el embajador Rivas y su hermano, el presidente del CSE, es desnudarnos como país, desnudar nuestro retraso, y nos avergüenza, porque si hubiese vergüenza y escrúpulos, tendrían que renunciar y no debería seguir representándonos como país”, indicó.

“Canciller con pena”

¿Por qué la Cancillería no reacciona en un caso tan delicado como éste?
“Se guarda silencio porque al canciller le da pena, porque en algún recoveco de su corazón o de su ser, hay vergüenza, y no puede ni debe querer dar la cara por personas que ponen en vergüenza al país. Cree que lo mejor es no hablar de eso, porque sería más vergonzoso aún”.

El director ejecutivo del organismo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Bayardo Izabá, dijo que Costa Rica está dando una lección de defensa de sus leyes y de sus ciudadanos.

“Es bochornoso el hecho de que dos funcionarios nicaragüenses sean señalados de cometer faltas como las de este caso, y el Cenidh condena cualquier acto de corrupción sea donde sea, y lo más vergonzoso es que no les basta con las barbaridades que hacen aquí, sino que ya quieren llevarla a otros países”, dijo Izabá.

Indicó que la Cancillería en lugar de guardar “silencio cómplice”, debería dar la cara a los nicaragüenses y aclarar cuáles son los vehículos que oficialmente funcionan en la Embajada de Costa Rica, además de tomar acciones serias contra los funcionarios que han incurrido en fallas tan graves como las denunciadas en el vecino país del sur.

“Allá se les está demostrando que no se van a burlar de las leyes ni de sus ciudadanos, porque cualquier acción fraudulenta es contra los ticos, ya quisiéramos tener un pedacito de esa institucionalidad aquí”, dijo Izabá, quien estimó que la Asamblea Nacional, debería abrir una investigación contra los hermanos Rivas Reyes.

“Los están poniendo en su lugar”

El abogado Gustavo García Prado, miembro del grupo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, quien ha acusado a Roberto Rivas por enriquecimiento ilícito y de otros delitos, celebró la decisión de las entidades del vecino país del sur, porque con ellas “están poniendo en su lugar a quienes violen la ley”.

“Creo el pueblo nicaragüense debe estar muy contento con esta decisión de Costa Rica, porque se va a demostrar la clase de personas que son estos funcionarios nicaragüenses, y ya que no se hace justicia en Nicaragua, pues por lo menos lo veremos en Costa Rica, donde sí hay leyes y donde sí se respeta el Estado de Derecho”, añadió.

Al referirse al silencio del Estado de Nicaragua sobre estos asuntos, estimó que es de aceptación, ya que ante las pruebas presentadas en contra de Harold y de Roberto Rivas, no queda más que guardar silencio, “porque no se puede defender lo indefendible”.

“Lo deseable sería --en lo que se refiere al Derecho Internacional y a las buenas relaciones entre países-- que el Estado nicaragüense oficialmente pidiera disculpas a Costa Rica, por el hecho de que dos funcionarios nicaragüenses hayan incurrido en semejantes delitos, pero sabemos que eso no va a ocurrir, porque no existe voluntad para eso”.

Tünnermänn dijo que el caso de los Rivas lo que revela es el grado de deterioro de las instituciones de nuestro país, y que los funcionarios que abusan acá quieren hacer lo mismo en otros países, en donde sí funciona el Estado de Derecho.

“El mismo (Roberto) Rivas ha irrespetado el Estado de Derecho con el fraude en las elecciones, desnuda la realidad institucional de Nicaragua. Imaginate la gravedad de que un presidente de un Poder del Estado como el CSE, esté involucrado en semejante escándalo junto a su hermano el embajador. Aquí lo que cabe es que renuncie al cargo”, dijo.

“Creen que anarquía jurídica es en todos lados”

El jubilado Jorge Toledo, quien denunció a Roberto Rivas y a Roberto López por fraude contra el Seguro Social, ante la Contraloría y el Ministerio Público, también se mostró contento por el actuar de las entidades costarricenses.

“El mejor ejemplo que tenemos de Estado de Derecho es ése. Allá existen leyes y se cumplen, acá hay leyes y no se cumplen, ni hay nadie que las haga cumplir”, dijo.

“Es la diferencia clara entre un país donde hay anarquía jurídica, con otro que exige respeto a las leyes y a sus instituciones”, añadió el jubilado, para agregar que se los hermanos Rivas Reyes “se creen omnipotentes y omnipresentes, porque ahora quieren exportar su manera de actuar a países decentes”.

Estimó que estas acciones de los dos funcionarios se debe, en parte, a que en Nicaragua tienen protección “terrenal y celestial”, a través de su relación con el presidente Daniel Ortega y con el cardenal Miguel Obando, “pero en Costa Rica ni hay socios ni compinches ni capelos cardenalicios: hay leyes y se están haciendo respetar”.