Matilde Córdoba
  •  |
  •  |
  • END

En sus discursos, el presidente Daniel Ortega suele irse al pasado, y en sus actuaciones también. Durante su primera Administración, las leyes le permitían legislar vía decreto, una práctica reiterativa en su segundo período gubernamental, cuando las leyes ya no se lo permiten, pero donde no hay quién se lo impida.

Desde su asunción al poder en 2007, Ortega ha emitido ocho decretos importantes en los que le usurpa funciones a la Asamblea Nacional. Los decretos contienen directrices diversas, pero siempre inconstitucionales.

Ortega gobernó Nicaragua durante la década de los 80, y entonces tenía potestad para legislar vía decreto en materia fiscal y administrativa. Estaba facultado, además, para aprobar el Presupuesto General de la República, el que la Asamblea Nacional sólo conocía.

Ahora las leyes son otras, pero Ortega actúa como si no lo supiera. A pocos meses de estar en el poder, demostró lo anterior. Esta vez no hubo decreto. Una reforma a la Ley 290, Ley de Organización Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, fue publicada en La Gaceta sin haber sido aprobada por el Parlamento.

Muchos lo calificaron como una novatada, y poco después, luego de muchos escollos, la iniciativa de ley fue aprobada por los legisladores.

Tres años después nadie habla de novatada. El mandatario le usurpó facultades al Parlamento jurando no estar haciéndolo, y lo hizo en nombre de la Constitución, frente a la Asamblea Nacional y con la banda presidencial, azul y blanco, atravesada en el pecho.

Su camino

Pero antes de llegar a eso recorrió mucho camino. En agosto de 2008, por las radios afines al gobierno, el mandatario emitió un Decreto de Estado de Emergencia Económica, en el que autorizó la intervención de la empresa Tropigás por parte del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

A través de dicho decreto, se nombró una Junta Interventora con el fin de regular la importación y distribución del gas butano durante seis meses.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional criticó entonces que el decreto no dejó claro cuáles eran los derechos y garantías constitucionales que el presidente mandaba a suspender, y si el decreto regía en todo el territorio nacional o sólo en parte de él, como establece la Ley de Emergencia.

Reforma leyes…

Un mes después, por el Acuerdo Presidencial 356-2008, otorgó el grado de comisionados generales a tres comisionados mayores de la Policía Nacional, aumentando la jefatura nacional de tres subdirectores a seis.

Junto al Acuerdo Presidencial vino una reforma el artículo 217 del Reglamento de Ley de la Policía Nacional, a través del Decreto Número 45-2008. Supuestamente la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, “propuso al Presidente de la República el ascenso de los comisionados mayores Francisco Javier Díaz Madriz, Mercedes Ampié y Róger Antonio Ramírez Guzmán, al grado de comisionados generales”.

Sin embargo, esa reforma al reglamento fue calificada como ilegal por haber cambiado una ley ordinaria. Además, trajo consigo un mar de especulaciones sobre el aumento de la jefatura nacional de la Policía, que hasta entonces sólo estaba conformada por los comisionados generales Horacio Rocha López, Carlos Palacios Linarte, Javier Meynard Arana y Juan Báez Galeano, y a la que desde esa época entró el consuegro del mandatario, Francisco Díaz.

Dos meses después…

Diciembre 26. Partidarios a favor y en contra de Ortega se enfrentaban en las calles por las denuncias de fraude en las elecciones municipales, mientras el mandatario se devolvía a sus prácticas de poder de la década de los 80.

Un decreto que invocaba en sus considerandos “la inactividad del Poder Legislativo” reformó el Presupuesto General de la República, al mandar al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, a incorporar todas las modificaciones presupuestadas que no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.

Durante 2009 nombró a ministros, viceministros y embajadores sin la debida ratificación de la Asamblea Nacional, tal como lo establece la última reforma constitucional.

Y en 2010, las ilegalidades vinieron junto a los Reyes Magos: un Decreto Presidencial que prorroga y ratifica en sus cargos a más de 20 funcionarios de alto nivel, entre ellos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema de Justicia (CSJ), contralores colegiados, procurador de Derechos Humanos y Superintendente de Bancos.

Dos días antes de este decreto, que Ortega leyó en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario emitió otro decreto en el que legisla en materia tributaria y aumenta el aporte patronal a la Seguridad Social en un punto porcentual.