Luis Galeano
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El orteguismo presiona al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, para que acepte un cambio en la Contraloría General de la República, CGR, y que en lugar de tener tres contralores liberales y dos sandinistas, como ha sido el balance desde que se colegió esa entidad en 2000, los oficialistas tengan de ahora en adelante la mayoría.

Fuentes ligadas a las negociaciones subterráneas que se han venido dando en las últimas horas, informaron que además del polémico punto de la reelección del magistrado electoral Roberto Rivas, otro “trabón” en las pláticas es lo relacionado al cambio que exige el oficialismo para tener control total del ente fiscalizador.

Esto porque la nueva Ley Orgánica de la CGR, aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, establece que el quórum de ley se logra con la presencia de tres contralores, y que las resoluciones se votan con mayoría de dos.

¿Cuál es lo malo?, pregunta Argüello Poessy

“No estoy en las negociaciones, pero las conozco muy bien, y sólo te hago una pregunta: ¿Acaso en el pasado no fue al revés? Acordate que fuimos electos tres contralores a propuesta del Partido Liberal y dos a propuesta del actual partido de gobierno, y entonces, ¿por qué te extrañaría que las cosas cambien?”, dijo el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, al consultarle del asunto.

De hecho, mandan

La CGR ha sido fuertemente cuestionada por no ejercer sus funciones de fiscalización en el actual gobierno, con el que hasta ha sido excesivamente complaciente en lo referido a la autorización de exclusiones de procedimientos que, de acuerdo con indagaciones publicadas por este periódico en marzo del año pasado, superaba los 7 mil millones de córdobas al cumplirse dos años y dos meses de la Administración de Ortega.

Además, el ente fiscalizador ha cerrado los ojos y se ha resistido a auditar la sociedad ALBA de Nicaragua, S.A., Albanisa, de la que es socia Petronic con el 49 por ciento de las acciones, y que ha realizado una enorme cantidad de negocios a través de las “Albotas”, manejando de manera discrecional la millonaria ayuda venezolana, cuyos verdaderos fines y réditos sólo conocen la pareja presidencial y sus allegados.

Hernández habla de eso y más

El contralor Lino Hernández, consultado al respecto, dijo que “he escuchado diferentes versiones, entre ellas esa (tres sandinistas y dos liberales), que no va a haber contralores suplentes, que se puede volver a un contralor y a un subcontralor, que dos sandinistas y dos liberales, pero al final no hay nada definido”.

“Yo creo que es altamente peligroso estar imponiendo criterios de un grupo sobre otro, sin tomar en cuenta al resto de la sociedad”.

Argüello Poessy dijo que las negociaciones alrededor de los nombramientos de los funcionarios “se encuentran trabadas, porque Arnoldo Alemán está dispuesto sólo a ceder en lo referido al Consejo Supremo Electoral y nada más”. “No piensa soltar lo que él cree es su cuota de poder en las demás entidades”, dijo.

Además, mencionó como candidatos fuertes para ocupar cargos de contralores al ex secretario Ejecutivo de la Presidencia de Arnoldo Alemán, Oscar Moreira, al sobrino del ex gobernante, Agustín Alemán, y que se reeligirá al colegiado Lino Hernández, “por haber formado parte del Comité Pro Derechos Humanos de Arnoldo Alemán, que fueron ‘conculcados’”.

“El líder quiere gente de su confianza, y esos son nombres que suenan, son los que al parecer le provocan más tranquilidad aquí, yo, por lo pronto, te digo que no gozo de la confianza de él, y por tanto no es posible mi reelección”, indicó.

Acatará decreto “real”

Argüello Poessy adorna las respuestas que al final van dirigida a deducir que respetará el decreto presidencial, que extiende su período mientras no elijan a los nuevos funcionarios que estarán al frente del ente fiscalizador.

“Yo he estado considerando el tema, y me he puesto a pensar en lo que pasaría si la CGR quedara acéfala, y llego a la conclusión de que el país estaría en un caos jurídico institucional, al carecer del órgano que fiscalice la gestión de los recursos públicos, lo que afectaría negativamente la imagen de Nicaragua ante los organismos internacionales”, empezó diciendo.

Su colega Lino Hernández y el contralor suplente Francisco “Paco” Guerra, afirmaron que el 14 de febrero próximo, cuando se les vence el término para el que fueron electos, será el último día que llegarán a la CGR, pues no pueden considerar como válido el decreto del presidente Daniel Ortega, cuando quien los eligió fue la Asamblea Nacional.

Argüello dijo respetar esa decisión, pero mencionó entre las consecuencias de ello que no se efectuarían auditorías de ningún tipo, ni en las entidades públicas ni al Presupuesto General de la República; no se autorizarían las auditorías externas que realizan las firmas de contadores públicos a los proyectos y programas financiados por organismos internacionales, cuyo compromiso es que sean auditados.