•  |
  •  |
  • END

Las distintas organizaciones sindicales que aglutina la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, denunciaron ayer ante la Contraloría General de la República, al titular del MTI, Pablo Fernando Martínez, y piden su destitución inmediata.

Los sindicalistas aducen que el ministro Martínez, de manera arbitraria, mandó a cerrar los más de seis puestos de control de transporte terrestre pesado en todo el territorio nacional. Esta decisión implicó una pérdida de más de cinco millones de córdobas para el patrimonio económico nacional, y, por ende, del Ministerio de Transporte.

“Pedimos la destitución inmediata del ministro, porque además de lesionar económicamente al país, se ha caracterizado por violentar los derechos laborales de los trabajadores de ese organismo”, expresó Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público.

“Este ministro a estas alturas no debería estar ejerciendo una función de ministro de Estado, porque ha cometido una falta muy grave, y no se puede permitir que un ministro de la cartera del presidente Ortega esté mal administrando los recursos de una institución del Estado”, apuntó Leiva.

Los mandaron de vacaciones

Desde el seis de diciembre del año recién pasado, hasta el cuatro de enero de este nuevo año, los trabajadores de las estaciones de pesaje ubicadas en Peñas Blancas, Lóvago, Chilamatillo, Mateare, Pasocaballo, El Espino, Sébaco y Ocotal, estuvieron de vacaciones.

Por las características de estos puestos, tienen que permanecer siempre abiertos, sobre todo en diciembre, ya que en estas fechas se eleva la afluencia del transporte terrestre por el índice de comercialización de nuestro país y de la región centroamericana.

Leiva comentó que “nosotros interpusimos la denuncia ante la Contraloría General de la República, CGR, ya que es el órgano encargado de velar por esta situación, creyendo que existe un Estado de Derecho, además porque nuestra petición está debidamente argumentada y sustentada con las normas establecidas en nuestra Carta Magna”.

Para Leiva está evidentemente demostrado que hay mala gestión y negligencia en la administración del ingeniero Martínez, y tienen la plena seguridad de que la Contraloría va a sancionar de acuerdo con su mismo lineamiento. “Estamos hablando de sanciones administrativas, civiles e incluso penales”, señaló.